José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, se ha acogido a su derecho a no declarar este martes ante el juzgado que investiga los pagos que el FC Barcelona le hizo durante años. El que fuera número 2 de los árbitros ya alegó que sufre un deterioro en la memoria, aunque el juez consideró que no era suficiente para poder eludir la investigación.
Negreira debía acudir este martes al juzgado para declarar por los pagos que le hizo el Barça durante años. Finalmente sí se ha presentado a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, pero ha decidido acogerse a su derecho a no declarar y ha pasado en el juzgado apenas 20 minutos. Después ha abandonado la Audiencia de Barcelona acompañado de su esposa, rodeado de periodistas y cámaras. Sin embargo, y como se esperaba, no ha hecho ninguna declaración.
El exnúmero 2 de los árbitros se ha acogido a su derecho a no declarar. Ya intentó no tener que hacerlo, pero el juez consideró que sí que conserva sus facultades mentales y está en condiciones de formar parte del proceso judicial. Sin embargo, este martes no habría hecho referencia a su estado de salud.
El ‘Caso Negreira’ se alargará durante seis meses más
La RFEF, admitida como acusación particular
La Audiencia de Barcelona también ha confirmado que admiten a la Real Federación Española de Fútbol como acusación particular. En un primer momento, el tribunal rechazó que la RFEF formara parte de la causa, pero finalmente han sido admitidos después de presentar un recurso de apelación.
Argumentaron que la RFEF ejerce funciones públicas bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes, que depende del Ministerio de Cultura y Deporte. Por eso, no podían participar ni como acusación particular ni como popular. Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial de Barcelona le ha otorgado la condición de «entidad eminentemente privada» y puede formar parte de la causa como acusación particular.
La RFEF considera que los hechos que se están investigando podrían ser constitutivos de un delito de corrupción en el deporte y, por eso, consideran que les compete a ellos (y a LaLiga) la «organización» de las competiciones nacionales en la que podrían haberse cometido esos delitos.