Condenados seis hijos de Ruiz-Mateos a más de 7 años de prisión por la estafa de Nueva Rumasa

La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha sentenciado a seis hijos de José María Ruiz-Mateos a 7 años y 4 meses de prisión por su implicación directa en la estafa cometida a través del Grupo Nueva Rumasa. El tribunal considera probado que participaron en una trama compleja de captación ilícita de fondos entre 2009 y 2011, utilizando campañas de inversión engañosas y estructuras societarias opacas para atraer el dinero de más de 4.000 personas.

Además de los seis hermanos —Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero—, también han sido condenados otros colaboradores cercanos a la familia. Entre ellos, José Ramón Romero, director del llamado "banquito de Jerez", recibe una pena de 6 años y 3 meses de cárcel; Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos, deberá cumplir 6 años y 5 meses.

Un conglomerado opaco con millones en deudas

La sentencia, redactada por la magistrada Teresa García Quesada, describe a Nueva Rumasa como un entramado de sociedades que operaban como un grupo único pese a carecer de una matriz formal. Muchas de estas empresas estaban registradas en paraísos fiscales como Belice o Panamá, lo que dificultaba su fiscalización y otorgaba al grupo un elevado grado de opacidad.

En 2009, la situación financiera era crítica; Nueva Rumasa debía cerca de 400 millones de euros, no disponía de liquidez y necesitaba 52 millones de euros de forma inmediata para mantener sus operaciones. Ante la imposibilidad de conseguir financiación bancaria, recurrieron a captar ahorro privado, ocultando su insolvencia y utilizando marcas reconocidas para generar confianza entre los inversores.

Pagarés sin respaldo y una imagen ficticia de solvencia

Los acusados lanzaron agresivas campañas publicitarias en prensa nacional, presentando inversiones con altos rendimientos garantizados a través de pagarés corporativos. Todo ello sustentado en una falsa apariencia de solvencia empresarial. Sin embargo, la realidad era bien distinta.Los fondos se destinaban a una caja común del grupo, desde donde se redistribuían según las necesidades de las distintas sociedades, convirtiéndose en la única fuente de ingresos de Nueva Rumasa en esos años.

Según el tribunal, entre 2009 y 2011 captaron al menos 337 millones de euros, de los cuales se ha logrado acreditar el ingreso en cuentas por más de 243 millones. Parte de ese dinero se usó para gastos personales de la familia Ruiz-Mateos, incluyendo la compra de inmuebles y vehículos, muchos de ellos registrados a nombre de empresas pantalla radicadas en el extranjero.

Transmisiones encubiertas y testaferros

En 2011, con múltiples procesos judiciales en curso, los condenados comenzaron a ejecutar una serie de maniobras destinadas a proteger su patrimonio personal. Entre ellas, la transmisión simulada de empresas del grupo a terceros y la designación de administradores ficticios que permitieran mantener el control encubierto. Fue entonces cuando contactaron con Ángel de Cabo, experto en liquidaciones empresariales, quien junto a Iván Losada y Fernando Lavernia ayudó a los Ruiz-Mateos a poner a salvo activos estratégicos.

Por estos hechos, De Cabo ha sido condenado a 5 meses y medio de prisión, y sus colaboradores a penas similares, aunque fueron absueltos de los delitos de estafa y blanqueo.

El "banquito de Jerez" y otras claves del caso

Una de las piezas esenciales de esta trama fue la oficina del grupo en Jerez de la Frontera, conocida como el “banquito de Jerez”. Desde allí, bajo la dirección de José Ramón Romero, se ofrecían préstamos con intereses del 9% o 10% y se entregaban letras de cambio de sociedades insolventes del grupo. Muchos inversores entregaban el dinero en efectivo, del cual no se ha podido rastrear el destino final.

Romero, además, fue condenado por delito contra la Hacienda Pública tras detectarse ingresos no declarados por 360.000 euros en 2007.

Atenuante por dilaciones indebidas

La sentencia reconoce que el procedimiento judicial ha sufrido importantes retrasos, con casi seis años transcurridos desde la llegada del caso a la Sala hasta el inicio del juicio. A ello se suman los efectos de la pandemia y la acumulación de macroprocesos como el caso Gürtel. Por ello, se ha aplicado a los acusados la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, aunque no exime de las responsabilidades penales impuestas.

El caso Nueva Rumasa representa una de las estafas más sonadas del sector empresarial español. Una combinación de promesas vacías, estructuras opacas y una gestión orientada a salvar los intereses personales de una familia que, durante años, disfrutó de una imagen de solvencia que ocultaba una profunda quiebra.