Hacienda y Seguridad Social certificaron que Hafesa Energía, la empresa de Alejandro Hamlyn, no tenía deuda en 2018
Cada empresa que nace en este sector no solo debe convencer al mercado, también debe abrirse paso entre gigantes, resistencias institucionales y estructuras ya consolidadas. No es un camino para cualquiera.
En este contexto, Hafesa Energía ha sido un caso atípico. Emergió con rapidez, creció a pesar de las dudas. Y resistió incluso cuando las miradas más críticas se posaron sobre ella.
Pero ahora, en plena investigación judicial y mediática, ESTRELLA DIGITAL ha tenido acceso en exclusiva a tres documentos que cambian el foco. Tres certificados oficiales que no admiten interpretaciones: uno de Hacienda y dos de la Seguridad Social, emitidos después de 2018, año clave del procedimiento penal. ¿El dato? Cero deuda. Ni un solo euro.
Alejandro Hamlyn, sin deuda con Hacienda, ni con la Seguridad Social
Los documentos firmados por la Agencia Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, que publicamos hoy íntegramente, dejan claro que en el momento de iniciarse el caso judicial, la empresa Hafesa Energía estaba al corriente de sus obligaciones. Algo que no siempre aparece reflejado en los titulares ni en los informes policiales filtrados.
Y es que resulta cuanto menos contradictorio que una empresa pueda ser acusada de fraude fiscal mientras las dos máximas instituciones tributarias del Estado certificaban su cumplimiento total.
¿Puede una empresa ser acusada mientras cumple con el fisco?
Esta es una de las grandes preguntas que planean sobre la causa. La respuesta, aunque no es jurídica, es evidente desde el punto de vista del sentido común.
Si el principal argumento es el presunto impago, pero no hay impago, ¿qué sostiene realmente la acusación? ¿Qué tipo de pruebas lo justifican? ¿Por qué nadie habló hasta ahora de los certificados que desmontaban esa versión?
La verdad es que el silencio sobre estos documentos ha durado demasiado. Y en un proceso que afecta no solo a una empresa, sino a cientos de empleos y a parte del tejido logístico energético del país, eso tiene consecuencias.
Hafesa, un crecimiento bajo presión
Lejos de paralizarse, Hafesa ha seguido creciendo. Desde 2018 hasta hoy, ha multiplicado su infraestructura y su volumen de negocio. Ha reforzado su red de distribución. Ha sumado nuevos activos clave como las plantas de DBA Ocaña, Ferrol, Bilbao y Motril. Y ha mantenido, en todo momento, un flujo fiscal transparente con las administraciones.
En 2024, la compañía cerró el ejercicio con una facturación récord de 1.500 millones de euros, un 60% más que el año anterior. Lo hizo sin ayudas públicas y con una causa penal en marcha. ¿Cuántas empresas soportan algo así?
Petróleos Asturianos, el petróleo nacional en manos privadas
Uno de los grandes activos del grupo es la planta de Petróleos Asturianos, en el puerto de El Musel (Gijón). Hafesa se convirtió en su propietario mayoritario en 2017. Desde entonces, esta infraestructura se ha convertido en un pilar estratégico: allí se almacenan parte de las reservas estratégicas de hidrocarburos del Estado, en colaboración con CORES.
Gestionar ese volumen de responsabilidad no es casual. Es fruto de confianza institucional, capacidad técnica y solvencia empresarial. Y es, también, una de las grandes razones por las que Hafesa no es solo una compañía energética: es un actor estructural del sistema energético español.
¿Qué hay detrás de la causa judicial?
La apertura de diligencias contra Hafesa no ha estado exenta de sombras. El archivo previo de investigaciones a grandes multinacionales del sector —como Repsol, Galp, Cepsa, Disa o Meroil— contrasta con la intensidad con la que se ha perseguido a esta empresa emergente.
La coincidencia en los protagonistas judiciales, tanto del archivo anterior como del inicio del proceso contra Hafesa, ha despertado suspicacias legítimas. Y en este clima, los certificados de Hacienda y la Seguridad Social publicados hoy suponen un revulsivo.
Transparencia en cifras, opacidad en el relato
Uno de los elementos que más sorprende del caso es la falta de eco mediático que han tenido estos documentos en el debate público. A pesar de ser datos objetivos, fehacientes y registrados en la causa, nadie —hasta ahora— los había puesto sobre la mesa.
Ese silencio mediático no es casual. Ni inocuo. Las grandes dan mucha publicidad.
Los hechos frente al relato
Desde Hafesa mantienen que la compañía ha operado con absoluta legalidad. Las cifras, los certificados y los contratos auditados están ahí. Hafesa ha puesto el acento en lo que considera una “persecución desproporcionada” hacia un operador independiente que ha sabido competir con los grandes.
El empresario Alejandro Hamlyn ha preferido, por ahora, mantenerse al margen del foco mediático. Pero su entorno asegura que la empresa seguirá aportando pruebas y datos para desmontar las acusaciones. Este nuevo episodio, con los certificados oficiales en mano, puede marcar un giro en la percepción pública.
El caso Hafesa es más que un proceso penal. Es un espejo que refleja las tensiones internas del modelo energético español. La aparición de un actor que rompe las cuotas de poder tradicionales. Que compite. Que innova. Que no debe ni a Hacienda ni a la Seguridad Social. Y que, pese a todo, se ve envuelto en una causa judicial donde los hechos parecen resistirse al relato dominante.
El tiempo y los tribunales tendrán la última palabra. Pero hoy, con los documentos oficiales sobre la mesa, algunas certezas empiezan a imponerse al ruido y a la investigación de algunos miembros de la UCO.
