Hafesa ante la Audiencia Nacional: juicio sin pruebas clave y con indefensión denunciada por las defensas

No es un comienzo cualquiera. Las defensas han recibido —a escasos días del juicio— un volumen masivo de archivos de audio. Grabaciones fruto de intervenciones telefónicas de años atrás, entre 2018 y 2019. Sin embargo, un informe pericial preliminar, firmado por el técnico informático, alerta sobre errores técnicos insalvables: audios corruptos, irreproducibles, sin firma digital ni transcripción, y archivos de los que solo consta una referencia sin contenido audible.

El informe que lo cambia todo

El informe preliminar se presentó el 20 de mayo de 2025. Revela que buena parte de los 69 DVD y 18 pendrives con grabaciones —depositados por la UCO — no pudieron ser ni siquiera subidos a la plataforma Cloud Justicia debido a su deterioro. De los audios accesibles, algunos solo permiten escuchar a uno de los interlocutores; otros están incompletos; y muchos más carecen de metadatos esenciales para su validación forense.

Las defensas no solo denuncian el estado de las pruebas, sino también el tiempo exiguo con el que han contado para analizarlas. Las grabaciones no estuvieron disponibles hasta mediados de abril, apenas un mes antes del juicio. Descargarlas, descomprimirlas y revisarlas ha sido una carrera contrarreloj para peritos y abogados.

Indefensión procesal y riesgo de nulidad

Esta situación podría acarrear consecuencias severas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha insistido en múltiples ocasiones en que el respeto al derecho de defensa no es solo una formalidad: es la columna vertebral del proceso penal. Y cuando las pruebas fundamentales están comprometidas, se abre la puerta a la nulidad de actuaciones, incluso al archivo del procedimiento.

Más aún cuando estas grabaciones —según reconocen informes de la UCO— presentan “deficiencias técnicas que impiden asegurar su autenticidad” y cuya cadena de custodia resulta incompleta.

La ley de eficiencia que no llegó a tiempo

Aquí es donde entra en juego una norma que podría haber cambiado el curso de este proceso. La Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de Justicia, introdujo la figura de la audiencia preliminar, un trámite diseñado precisamente para depurar irregularidades antes del juicio oral.

El magistrado Juan Carlos Carballal, en un artículo publicado por este medio, defendía que esa audiencia permitiría evitar la “pena de telediario” y los efectos devastadores del banquillo para personas y empresas que luego podrían resultar absueltas.

No obstante, a pesar de estar en vigor desde enero de 2025, este mecanismo no se ha aplicado en la causa Hafesa. Y es que, paradójicamente, el proceso llega a juicio sin que se haya depurado —ni técnica ni jurídicamente— una prueba tan determinante como las escuchas.

La herida invisible del banquillo: rostros, familias, negocios

No es solo una causa penal. Es una historia de desgaste humano. Porque detrás de cada carpeta del sumario hay personas. Con nombres, con familia, con una vida que ha quedado en suspenso.

Hafesa Energía, una firma que —nos guste más o menos— da trabajo y mueve recursos en sectores clave, ha sido durante años señalada, escrutada, escudriñada. Aun sin sentencia. Aun sin que se haya ventilado ni una sola prueba en sede judicial. La carga del estigma pesa mucho más que cualquier requerimiento fiscal.

Imaginen qué ocurre cuando un empresario se levanta un lunes y descubre que su nombre abre los informativos. Cuando un trabajador —que quizá no tiene ni idea de lo que se cocina en los despachos de arriba— empieza a notar miradas esquivas en la oficina. O cuando un niño pregunta al volver del colegio si “su padre ha hecho algo malo porque lo han dicho en la tele”.

Esa es la otra cara del banquillo. La que no cabe en los autos. La que no mide el Código Penal. Y que, sin embargo, duele. Porque afecta al derecho más elemental: vivir sin sospecha cuando aún no hay culpa.

¿Justicia o trámite? Cuando el sistema olvida lo esencial

Y es que todo esto no es solo un error técnico. No es “una incidencia menor en los archivos de audio”. Lo que está en juego aquí es mucho más grande. Es el sentido mismo de la Justicia.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial lo ha dicho sin rodeos: si olvidamos el principio de legalidad, si convertimos los procedimientos en un teatro de apariencias, estamos desdibujando la línea entre juzgar y condenar por inercia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en ello una y otra vez. El derecho al juez natural, la protección frente al uso de pruebas defectuosas, la necesidad de que todo acusado entienda de qué se le acusa y pueda defenderse con garantías. No son tecnicismos. Son pilares. Y si los dejamos caer, todo se tambalea.

¿De qué sirve llegar al juicio si las grabaciones están dañadas, si la defensa no ha podido escuchar lo que va a juzgarse, si ni siquiera sabemos con certeza quién seleccionó las pruebas que se van a exhibir?

La verdad es que, si se hubiese aplicado la nueva ley de eficiencia procesal, todo esto podría haberse resuelto antes. Con una audiencia preliminar, con control sobre las pruebas, con un filtro real que evitase precisamente esto: que el juicio comience envuelto en niebla.

Pero no se hizo. Y hoy, decenas de personas se enfrentan a un proceso que no garantiza, al menos de momento, lo esencial: saber con qué armas va a pelear cada parte.

Y al final, como siempre, no es el sistema el que sufre. Son las personas. Las que entran a un juzgado. Y también las que lo miran desde fuera y se preguntan si, algún día, si les toca a ellas, habrá un juez que realmente escuche.