La Historia nos dice que en España, bajo determinadas circunstancias de poder financiero e influencia política, es posible trincar y salir airoso en el empeño. Fortunas se hicieron en el pasado bajo esas condiciones y hoy tienen herederos. Lo que no es posible, lo que ineluctablemente sale mal, es trincar y enfrentarse al poder del Estado. Al respecto y con matices, el caso de Jordi Pujol, es muy explícito. Según propia confesión, llevaba más de treinta años hurtando dinero al Fisco. Haya o no prescrito el delito, confesó, pues, ser un delincuente.
Desde el cierre judicial en clave política del caso Banca Catalana (1983) quienes tenían que saberlo sabían que había dinero suelto que andaba lejos de la lupa de Hacienda. Pero nadie movió un dedo. CiU era la muleta con la que tanto PSOE como PP compensaban sus limitaciones parlamentarias. También estaban muy extendidas las sospechas de supuestos cobros ilegales de comisiones a cambio de adjudicación de obras públicas -«Ustedes tienen un problema que se llama 3%»- avanzó Pasqual Maragall y confirmó Carod Rovira. ¿Por qué durante todos estos años -más de 30- el Estado, los sucesivos gobiernos, Hacienda, no indagaron en la vida financiera secreta de Jordi Pujol? ¿Por qué hasta que la gran impostura no fue descubierta no había noticias de que la Fiscalía estuviera indagando sobre las andanzas de algunas de las grandes y medianas empresas de la construcción que habrían sido las «paganas» de ese supuesto «impuesto familiar» a beneficio del clan Pujol? La respuesta hay que buscarla en las palabras del ministro Cristóbal Montoro en su comparecencia en el Congreso:
«A la vista de los datos de que se disponen no podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos. No deja de ser significativo que (Pujol) se haya convertido, además, de repente, en un adalid del independentismo, radicalizando discursos políticos y sacando partido personal».
Es decir, que la farsa dio paso a la tragedia y a las diligencias de Hacienda en el momento en el que Pujol y familia cometieron el error de alzarse contra el Estado. Por parte de los poderes del Estado, descubrir el pastel habría sido un caso de legítima defensa. Al menos, eso parece. De no haberse metido en la deriva secesionista, no tengo la menor duda de que Jordi Pujol seguiría siendo «molt honorable». También tengo por cierto que entre todos los contribuyentes que estamos al día con Hacienda le seguiríamos pagando chófer, secretaria, oficina, guardaespaldas y algo más de 100.000 euritos anuales para que pudiera escribir con tranquilidad sus memorias de «padre de la patria» catalana.
¡Claro que es urgente la regeneración del sistema democrático!
Fermín Bocos