Afortunadamente, luego se abrió un tiempo nuevo, a partir del cual “manzanas” y “peras” pudieron decidir libremente cómo vivir sus vidas, con quién compartirlas y el estado civil en que hacerlo, y en el que se dio el paso necesario para que las mujeres, sin más adjetivos, pudieran decidir libremente sobre su maternidad. Y nos pusieron como ejemplo de avance en derechos y libertades civiles.
De un tiempo a esta parte, sin embargo, algunos se han empeñado en convertirnos en ejemplo de lo contrario. Hoy, el Consejo de Europa nos ha puesto bajo vigilancia por la “desproporcionada” ley de seguridad ciudadana, que restringe las libertades de expresión, reunión, manifestación y protesta de los ciudadanos. Y hoy, toda Europa asiste con estupor al retroceso en los derechos de las mujeres españolas en general y en el derecho a decidir libremente sobre su maternidad en particular.
68.000 muertes de mujeres al año por abortos en condiciones inseguras debido a las restricciones que pesan sobre él
No es para menos. Si el Gobierno sigue adelante con la reforma de la ley del aborto, las mujeres pasarán a ser ciudadanas de segunda, pues el Gobierno les expropiará el derecho a decidir en libertad sobre su propia maternidad, sobre sus propias vidas. Colocándolas, además, bajo una tutela humillante dado que ni en los supuestos despenalizados podrán decidir libremente, pues su decisión estará sometida al dictamen de segundas o terceras personas. Una troika de las voluntades y las conciencias.
Y esto, hablando en plata, constituye una violación de los más elementales principios democráticos y una injerencia imperdonable en su libertad de conciencia. Como decía el diario británico The Times, un verdadero abuso de poder, propio de gobiernos totalitarios.
Pero la reforma, además, consagra otra discriminación. Porque a nadie le cabe la menor duda de que las mujeres con recursos económicos podrán burlar la ley y, como en tiempos que creíamos superados, volar a Londres o a cualquier otra capital europea para abortar en sus clínicas, mientras las mujeres con menos recursos se verán forzadas a ser madres de hijos no deseados o con graves malformaciones e, incluso, se verán condenadas a someterse a abortos de riesgo y clandestinos en los que pondrán sus vidas en peligro.
Y esto no es palabrería. Como constata la Organización Mundial de la Salud, poner dificultades al aborto provoca mayor mortalidad materna. En concreto, 68.000 muertes de mujeres al año por abortos en condiciones inseguras debido a las restricciones que pesan sobre él. Intolerable.
Los ciudadanos votaron al PP para gobernar el país, no para gobernar sus conciencias
En democracia, la obligación del legislador, independientemente de sus convicciones personales, es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en condiciones de libertad y de seguridad. Con la ley de plazos vigente, estas se cumplen al establecer un marco jurídico inequívoco y al garantizar la libre elección dentro de ese marco legal, sin imposiciones: a nadie obliga a abortar, a nadie obliga a continuar con su embarazo. Muy al contrario, con su reforma, el Gobierno y el Partido Popular restringen las libertades, generan inseguridad jurídica a los profesionales y tratan de imponer al conjunto de la ciudadanía sus creencias, dotando de rango de moral pública a creencias que pertenecen al ámbito privado.
La clave no está en eliminar la posibilidad de abortar, sino en combatir las circunstancias que inducen al aborto. Y eso se hace mejorando, entre otras cosas, los programas y servicios de salud sexual y reproductiva, como ha demostrado la ley vigente, que ha logrado reducir el número de interrupciones del embarazo en el año 2012.
Por tanto, menos ideología y más libertad. Los ciudadanos votaron al PP para gobernar el país, no para gobernar sus conciencias. Estas tienen derecho a seguir siendo libres.
José Blanco