Adolfo Suárez, nada sospechoso de ser un radical, pilotó la Transición con el objetivo de recuperar la democracia haciendo legal lo que en la calle era normal. Él ya no puede recordarlo, pero los ciudadanos de este país nunca lo olvidaremos. Con ese espíritu, el gobierno de Zapatero impulsó el matrimonio homosexual, que fue recurrido inmediatamente por el PP con el beneplácito de Mariano Rajoy. Siete años más tarde, en una resolución histórica, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso sentenciando que esta nueva forma de matrimonio se ajusta a la Carta Magna. Un varapalo a los recurrentes del tamaño de un arcoíris. Lo ha hecho, además, en la semana en la que ha sido reelegido el primer presidente de EE.UU. que defiende esta forma de matrimonio y en la que Francia ha comenzado a debatirla.
Los diputados constituyentes redactaron el artículo referido al matrimonio de manera tan holgada que ha permitido esta resolución, al reconocer que en España el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en igualdad de condiciones y sin especificar que sea imprescindible sea «entre sí». Gregorio Peces Barba reconoció pasados los años que la intención no era abrir las puertas al matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque se alegraba de que la imprecisión pudiera posibilitarlo.
Las reacciones dentro del PP han sido múltiples. Desde quienes, como Esteban González Pons, han entonado un «que yo no fui», al recordar que él no estaba entre los firmantes del recurso, hasta otros, como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dejado claro que por mucho que diga el Constitucional él sigue pensando que el matrimonio es solo aquel que se produce entre hombre y mujer y lo otro es «otra cosa», como en su día dijo Rajoy al apoyar una de las manifestaciones contra la norma, en la época en la que apoyaba manifestaciones. Una idea muy próxima a la expresada por un diario ultraconservador que tras conocer la decisión tituló: «Será constitucional pero no es matrimonio».
La sentencia del Constitucional determina que la ley actual se ajusta a la primera norma del país. Pero posiciones como las expresadas harían necesario que, para evitar regresiones futuras, una hipotética reforma de la Constitución, que antes o después se producirá, consagre definitivamente esta forma de matrimonio, para evitar que la holgura que ha permitido ahora legalizarla deje espacios para la marcha atrás en un futuro. Seguramente sería imposible, pero solo imaginar otros siete años de calvario resulta insoportable.
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Isaías Lafuente