No es admisible que los directivos de entidades financieras «rescatadas» con dinero público perciban pensiones e indemnizaciones millonarias. Es el caso de los directivos de la CAM y de Nova Caixa Galicia.
Lo insólito es que los directivos salientes se puedan llevar millones de euros de manera legal mientras sus entidades financieras han tenido que ser salvadas por todos nosotros, es decir por el dinero del Estado.
Me pregunto cómo es posible que haya normas que permitan tamaño despropósito. Como también es un despropósito que el Banco de España culpe a los gobiernos autonómicos y estos al Banco de España. Todos son responsables y al final los unos por los otros lo único cierto es que hay unos directivos cuya gestión es más que controvertida, que se van de rositas, bueno y con indemnizaciones y pensiones multimillonarias.
A mí me parece que ha llegado la hora de que los gobiernos limiten el cobro de los famosos «bonus», pensiones e indemnizaciones de los ejecutivos de entidades con problemas o intervenidas.
Es más, creo que nuestro Gobierno debería de hacer algo de inmediato y no limitarse a lamentarse como ha hecho la vicepresidenta económica. Que se sepa, gobiernan hasta el 20 de noviembre, de manera que pueden tomar decisiones. Porque lo que resulta insoportable es que el coste de la crisis lo estemos pagando los ciudadanos. Son los pequeños y medianos empresarios los que se ven ahogados por la falta de crédito. Son millones de empleados en el sector privado y en el sector público los que se han quedado, se están quedando, sin trabajo de la mañana a la noche. Es a la gente común a la que se le recortan sus pensiones, las indemnizaciones por desempleo, las coberturas sociales. Y mientras los ciudadanos de a pie aguantan la crisis, los grandes directivos de los bancos cobran cantidades astronómicas por asistir a los consejos, y se garantizan, con la ley en la mano, el cobro de pensiones e indemnizaciones más millonarias aún en caso de tener que abandonar sus puestos en las cajas o en los bancos.
Qué quieren, a mí esto me parece profundamente inmoral, pero lo que me escandaliza más es que se haya permitido hasta el momento.
Creo que los directivos de Cajas y Bancos que están intervenidas de hecho no deberían de cobrar ni un euro de indemnización y mucho menos una pensión millonaria. Simplemente, no es ético aunque sea legal. Pero como es legal lo que los políticos quieren que sea legal ya digo que ha llegado el momento de cambiar las normas para que nunca más los ciudadanos tengamos que asistir al espectáculo de ver salir de las Cajas a ejecutivos desaprensivos que se han forrado, que han provocado la quiebra de esas entidades y a los que, además, hay que seguir pagando. No sé a ustedes, pero a mí me resulta insoportable.
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Julia Navarro