Probablemente lo más llamativo del regreso de este tributo después de su efímera hibernación es el hecho de que haya sido restaurado por decisión de una persona que dice no formar parte ya del gobierno. En cualquier caso el debate previo a su reaparición en la escena está muy equilibrado entre la distorsión interesada y la pura demagogia hacia la extrema izquierda totalitaria.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo objetivamente confiscatorio en tanto en cuanto detrae parte de unos activos netos aunque los mismos no hayan generado renta o incluso aunque hayan producido una pérdida por el deterioro de su valor. Además supone una doble imposición sobre el mismo hecho, puesto que todo activo patrimonial recibido por una persona física lo será, bien como consecuencia de su trabajo o actividad profesional (gravada por el IRPF), bien como rendimiento o ganancia derivada de inversiones financieras o inmobiliarias (también sujetas al Impuesto sobre la Renta), o bien como consecuencia de una donación o de una adquisición hereditaria (sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones). En consecuencia es un impuesto contrario a los principios generales del sistema fiscal establecidos por la Ley General Tributaria.
Siendo sinceros, no es el único impuesto que adolece de semejantes vicios. Los españoles hemos convivido desde 1988 con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (y antes con su antepasada, la contribución urbana o rústica), que no es sino un impuesto sobre el patrimonio en miniatura, igualmente confiscatorio e igualmente injusto (toda vez que grava la mera propiedad de un inmueble). Es más, este impuesto local, sumado al del Patrimonio, producen un efecto, no ya de duplicidad, sino de triplicidad sobre el mismo hecho económico. Lo que ocurre es que su menor impacto relativo le permite pasar más desapercibido. Aunque en los últimos tiempos, con las periódicas y abusivas revisiones de los valores catastrales (que miran siempre al cielo aunque el mercado inmobiliario se desplome), la relevancia de este tributo en el bolsillo del contribuyente empieza a ser más significativa. Si no, calculen el importe acumulado del mismo a lo largo de su vida y comprobarán que el coste efectivo agregado de adquisición de su vivienda resulta a la postre notablemente mayor al de la escritura de compra.
Pero se nos dice que el Impuesto sobre el Patrimonio vuelve porque hay que gravar a los muy ricos, a esos magnates que no se han ofrecido a pagar más, como en Francia o en Estados Unidos. Pues bien, si analizamos la estadística del tributo que nos facilita la Agencia Tributaria del último ejercicio anterior a su letargo, que fue el 2007, observaremos las posibilidades efectivas en ese sentido.
El 44% de los contribuyentes declararon una base imponible entre 120.000 y 300.000 euros y un 6% no llegaba a los 120.000. Solo el 5% superaba el millón y medio de euros. Con estas cifras, difícilmente podemos concluir que se estaba gravando a los multimillonarios.
Por otra parte, si analizamos la composición de ese patrimonio sometido a confiscación, veremos que el 70% está constituido por capital mobiliario. Es decir, se trata del ahorro de los españoles puesto al servicio de las necesidades financieras de la economía, tanto pública como privada, a través de títulos de deuda o de participaciones en el capital. Y esta es otra de las nefastas consecuencias del Impuesto sobre el Patrimonio: es una auténtica penalización del ahorro, tanto en su vertiente de planificación de la jubilación personal, como en la puesta a disposición de recursos financieros para la economía. A título orientativo indicar que los bienes suntuarios no llegan ni al 0,25% del patrimonio total gravado en 2007.
Por lo tanto nada justifica el retorno de este ignominioso impuesto (con el que el gobierno del PP convivió pacíficamente ocho años, todo hay que decirlo) desde el punto de vista de la lógica tributaria o económica ni desde la perspectiva de una decencia intelectual elemental. Rubalcaba podrá ponerse el gorro con la pluma y tratar de emular a Robin de los Bosques, pero como la caridad bien entendida empieza por uno mismo, deberá comenzar por contribuir autogravándose parte del millón de euros de activos mobiliarios que, además de su vivienda, constituyen el patrimonio que adorna su adusta y monacal figura. Y podrá decir como Fernando VII, marchemos todos juntos, y yo el primero, por el camino de la confiscación.
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Juan Carlos Olarra