Las administraciones públicas pueden ofrecer wifi gratis y abierto, pero con las condiciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT): registrarse, pagar una tasa, limitar el alcance y la velocidad del servicio, y no financiarlo con fondos públicos. Una sentencia de la Audiencia Nacional ratificando la sanción al Ayuntamiento de Málaga por no respetar esos requerimientos vuelve a avivar el debate a pesar de que más de 500 administraciones públicas ofrecen wifi con varios modelos, con o sin publicidad, en colaboración con empresas, etc. y se permite el wifi comunitario compartido entre vecinos.
El debate enfrenta a los defensores del wifi gratis para ampliar la sociedad de la información, evitar la brecha digital y hacer disponible internet a todos en las grandes ciudades, con los defensores de la competencia comercial y la extensión de las redes gracias a la inversión privada, el modelo de la Unión Europea, que reduce las ayudas y la inversión pública a las zonas sin cobertura y la autoprestación a centros administrativos, educativos, bibliotecas, etc.
La clave está en que las telecomunicaciones no un servicio público, sino una actividad liberalizada que debe respetar la competencia y las prestaciones del servicio universal. Condiciones obsoletas modificadas este año para incluir un mega de acceso a internet. El objetivo: llegar a un 80% de la población con banda ancha de diez megas en 2015 y que la mitad pueden disponer de internet de alta velocidad de cien megas.
El wifi no forma parte del servicio universal de telecomunicaciones ni es un servicio público. Mientras ciudadanos y administraciones tienen limitado el acceso a una internet pública se mantiene el servicio público audiovisual, la gran herramienta de poder y propaganda que muy pocos políticos se atreven a independizar. A pocos meses de las elecciones volvemos a asistir al espectáculo de las acusaciones del PP contra RTVE, las promesas de privatización de las autonómicas, y la defensa de otros partidos de las televisiones públicas.
La sociedad de la información necesita crear un nuevo servicio público digital. Un nuevo eje de ese estado del bienestar tan vapuleado con la crisis donde se acceda a contenidos y servicios públicos y financiados con dinero público en condiciones diseñadas para ampliar el acceso de los ciudadanos. Sólo las radiotelevisiones públicas europeas tienen más de 28 millones de horas de contenido que no son accesibles por falta de acuerdos de propiedad intelectual y por la dificultad para gestionar y modernizar derechos obsoletos o abusivos. Invierten otros 10.000 millones al año en contenido audiovisual.
Esos contenidos audiovisuales públicos se suman los de dominio público y los educativos, de investigación, científicos, culturales, etc. financiados con dinero público que hoy no son accesibles a la mayoría de la población en una plataforma digital abierta a todos.
Ese es el desafío de un servicio público digital para la sociedad de la información, enfocado a dar el mayor acceso a los ciudadanos a los contenidos de todos o que todos financiamos. Un gran Google de los contenidos públicos, de la información a la ciencia, accesible en cualquier plataforma y con el wifi público como canal de acceso para que nadie quede excluido.
Un servicio público independiente y abierto, alejado del poder y centrado en fortalecer la sociedad de la información con los contenidos más útiles para el desarrollo de los ciudadanos. Una alternativa para devolver a los ciudadanos lo que pagan que no compite con la oferta comercial ni de las telecomunicaciones ni de la industria de contenidos, pero que exige un retorno mayor a quienes se beneficien de las ayudas y subvenciones públicas.
No está en la Agenda Digital europea, pero debería.
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Juan Varela