Inundado en Twitter. Así se encontró el Ministerio de Presidencia con una avalancha de ciudadanos reclamando una ley de acceso a la información pública, un anteproyecto paralizado en los cajones del gobierno por el temor de no poder responder a las demandas de los ciudadanos. Pero también por la secular resistencia de la administración pública a perder el control de la información y los datos. El apoyo ciudadano a la campaña #preguntaalgobierno ha forzado al ministro Ramón Jáuregui a reemprender el diálogo con la Coalición Pro Acceso y convocar una reunión para la próxima semana.
En Pro Acceso están sorprendidos de la respuesta. Confiesan que no esperaban un apoyo tan amplio ni una respuesta tan inmediata. Pero irán a la reunión sin optimismo. El anteproyecto de la ley de transparencia y acceso a la información pública está paralizado desde septiembre, cuando Access Info, la asociación europea que trabaja pro el derecho a la información pública, criticó el proyecto impulsado por la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y lanzó una consulta pública sobre la ley.
Desde entonces, silencio. En el Gobierno se afirma que la ley no está olvidada, pero prefieren avanzar en la Administración y los servicios digitales antes de abrir el acceso a la información gubernamental. No estamos preparados para el gobierno abierto, concluyen algunos responsables políticos. La mayoría de los ministerios se oponen por miedo a no poder hacer frente a las peticiones por falta de medios y cultura democrática en la administración.
El 12 de enero, Access Info remitió una carta al ministro Jáuregui, por ahora sin contestación, hasta que la movilización en Twitter ha forzado la reunión.
El resto de los partidos políticos están en su mayoría a favor del derecho de acceso y se han presentado varias iniciativas no de ley para promoverlo. Por ahora, las leyes autonómicas tampoco recogen este derecho ya vigente en todos los grandes países europeos.
El PSOE lo prometió en sus programas electorales de 2004 y 2008, y el presidente Zapatero se comprometió a tener una ley antes del fin de la legislatura. Pero el tiempo parece agotado. Jáuregui hablará con Pro Acceso de un anteproyecto muy criticado, que la coalición considera restrictivo porque no recoge el acceso de los ciudadanos a la información como un derecho fundamental, excluye al poder legislativo y judicial, y hace garante a la Agencia de Protección de Datos (AEPD) con un derecho a recurrir limitado y plazos demasiado largos.
Pero en fuentes de Presidencia se destaca que es un paso positivo. El Gobierno no quiere otra ley Sinde, con miles de ciudadanos en contra en internet y las redes sociales. Para evitarlo quiere avanzar todo lo posible en su política de comunicación en internet para que movimientos como #nolesvotes y otros partidos no les separen más de la ciberciudadanía.
Juan Varela