Este año, que estrena un segundo Gobierno de izquierdas en Uruguay, las sorpresas en la política parecen ser un rasgo distintivo. En la Cámara de los Diputados (que asumieron hace un mes), el prestigioso legislador del liberal Partido Blanco José Carlos Cardoso, quien aspira -con altas posibilidades de lograrlo en mayo- a convertirse en el Intendente del Departamento de Rocha, ha presentado un proyecto para derogar la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, es decir, la amnistía a los militares.
El diputado nacional José Carlos Cardoso procura tender, según ha señalado, un puente definitivo hacia la pacificación nacional, señalando que cuenta con el apoyo de los nacionalistas, en tanto considera que la coalición de izquierdas deberá apoyarle teniendo en cuenta que, en las recientes elecciones nacionales, promovió un plebiscito para derogar esa ley sin alcanzar los votos necesarios. Cardoso quiere que los represores se sometan a la justicia ordinaria, sin necesidad de que el tema pase por el Poder Ejecutivo, como ha ocurrido hasta ahora, desde la promulgación de la ley cuando el país retornó a la democracia.
El legislador nacionalista, dueño de una carrera política tan intensa como notoria, dijo a ESTRELLA DIGITAL que: «Estamos ante momentos distintos a los que dieron origen a esta norma. La Ley de Caducidad cumplió el cometido que los redactores y quienes la votaron le asignaron: que el tránsito entre la dictadura y la democracia se hiciera en paz y sin alteraciones institucionales. Y así fue. Eso es inmodificable. La Ley cumplió su tarea. En aquel entonces el Partido Nacional cumplió con su historia y con el país. Su vigencia es incuestionable, ya «operó» sobre la realidad, sus efectos son irreversibles». Recordó: «Esta Ley fue parte de lo que conocemos como Estatuto de Salida: Amnistía y Restituidos Ley 15.737 del 8 de marzo del 1985 y Caducidad Ley 15.848 del 22 de diciembre del 1986».
El diputado Cardoso señala: «Claramente no corresponde al Poder Legislativo pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. Ésa es tarea exclusiva del Poder Judicial, es materia de su competencia». Por ello considera que, cuando el Uruguay tiene por delante tantos desafíos de los que ocuparse, debe quitarse del horizonte uno tema que, como éste, despierta tantas sensibilidades. Y al respecto, comenta: «El presente proyecto ofrece la posibilidad a los actores políticos que firmaron para plebiscitar una vez más la ley, que asuman responsabilidad en el tema, votando por su derogación».
La Suprema Corte ha declarado inconstitucional la norma, por lo cual, y de acuerdo a lo que habitualmente procede, el Parlamento las deroga. Por otra parte, el Uruguay ha firmado, en fechas más recientes, diversas medidas que coliden con esta norma.
«Es responsabilidad del Poder Legislativo, ejerciendo sus facultades, contribuir a la normalidad de la convivencia democrática», termina señalando Cardoso, quien considera que «el Parlamento tiene por delante la ocasión, derogando la ley, de destrabar un tema que ha dividido a los uruguayos en los últimos años. Frente a estas circunstancias, estamos convencidos de que ha llegado la hora de actuar, y cada cual lo debe hacer en función de sus convicciones».
El Proyecto de Ley presentado por el legislador del Partido Nacional establece: «Art. 1º. Derógase la Ley nº 15.848 de 22 de diciembre de 1986 ‘Funcionarios Militares y Policiales. Se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º. de marzo de 1985’. Art. 2º. Comuníquese, etc. Montevideo, 17 de marzo de 2010».
Rubén Loza Aguerrebere