La Contraloría General de la República anunció que 4.212 funcionarios o servidores públicos se han visto beneficiadas con la canasta básica familiar, que debían estar dirigidas a la población más vulnerable del país en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus.
El portal Monitor de Control y Transparencia COVID-19 de la institución identificó que de este grupo de servidores públicos, 627 de ellos ganan un sueldo neto mayor a S/3.000, 51 más de S/ 5.000 y dos de ellos más de S/ 10.000.
“Se han identificado 4.212 funcionarios y servidos públicos que han recibido esas canastas, de acuerdo a la información que los propios municipios han informado. (…) Es una llamada de atención a qué es lo que está sucediendo con este programa porque claramente esas personas no están en una situación de vulnerabilidad y nunca debieron recibir esas canastas”, remarcó el contralor Nelson Shack.
En la página web se identifica a trabajadores de instituciones como tribunales superiores de justicia, universidades, entre otros. Se precisa la identificación de los funcionarios en diversas regiones, pero con más reiterancia en Lima, con 14 % de estos casos; Loreto, con 11 %; y Piura con 9 %.
“Está claro de que hay funcionarios de naturaleza administrativa,pero que también son funcionarios de las lineas de estas entidades”, resaltó el titular de la Contraloría.
Precisó que esta data corresponde a los beneficiarios por parte del Gobierno nacional y regional, en específico a los funcionarios que tienen haberes, un sueldo propio de planta. Agregó que aún falta analizar los servidores que están en el régimen laboral CAS, y en los padrones de los organismos locales.
“Recién estamos empezando, esta cifra va a subir varios miles, porque todavía no hemos terminado de ver qué pasa con los CAS, esto es solamente la gente que tiene un régimen laboral de 276 y 2728, qué pasa con los locadores y con los que trabajan en los propios municipios”, reiteró el contralor.
Próximas acciones
Nelson Shack anunció que en un par de meses ya deben estar listos los informes del control posterior donde van a poderse encontrar más detalles sobre los funcionarios de manera integral que fueron presuntamente beneficiados indebidamente.
“Advertimos sobre las condiciones irregulares, pero no podemos todavía deslindar responsabilidades, identificar responsables y encausarnos en vía administrativa civil o penal. Eso es producto del control posterior”, sostuvo el contralor.
Informó que estos datos han a ser derivados al Ministerio Público para que investiguen los presuntos favorecimientos indebidos. Sostuvo que este es el primer resultado del análisis de los trabajadores públicos que han recibido el beneficio.
“¿Cómo es posible que funcionarios que ganan esa cantidad hayan recibido las canastas? Ahora lo que toca es continuar con el control posterior, ver lo que realmente ha sucedido, sin perjuicio del cual se está enviando al Ministerio Público, porque ya nos llegó una solicitud formal del fiscal superior coordinador de los Delitos de Corrupción de Funcionarios, para poder tener acceso a toda esta información”, mencionó Shack en conferencia de prensa.
Dijo demás que otro de los componentes del proceso de investigación es continuar con las denuncias de sobrevaloración en las compras de los víveres para las canastas a las familias. “Estas denuncias se van a comenzar a llevar adelante en el marco del control posterior”, señaló el titular de la Contraloría General de la República.
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