La situación de crisis sanitaria y económica que está viviendo nuestro país no es ajena a los profesionales que ejercen la abogacía, quienes no solo se están viendo afectados por las medidas derivadas del necesario estado de alarma, sino que ya, previamente, han sufrido las consecuencias de la incertidumbre e inseguridad de la ciudadanía a la hora de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, propiciada por la titubeante gestión de nuestros representantes políticos e institucionales.
Las corporaciones colegiales no deben permanecer insensibles ante esta realidad, debiendo implementar medidas económicas que palien y mitiguen los efectos que el estado de alarma está produciendo en el ejercicio de la profesión, sin obviar que nuestras estructuras colegiales se mantienen fundamentalmente por las cuotas que abona cada uno de sus miembros.
“Son tiempos donde debe primar el sentimiento de colectividad y ello exige hacer un ejercicio de ponderación de todos los intereses afectados y tomar medidas que favorezcan un reparto solidario de las consecuencias negativas de esta crisis” sostiene el presidente, Alberto Cabello Massegosa.
Es preciso recordar que la AJA Madrid representa los intereses presentes y futuros de más de 6.000 colegiados y colegiadas jóvenes, y es por lo que, su Junta Directiva está a la plena disposición de la Junta de Gobierno del ICAM para trabajar conjuntamente por llevar al efecto todas aquellas medidas que promuevan la supervivencia de nuestro colectivo.