El pasado 31 de octubre Rosa Utrilla acudió al mercadillo de Majadahonda con su marido, Enrique Sánchez, como cualquier otro sábado. Pensaban dejar su coche en las plazas reservadas para discapacitados que hay cerca del recinto, dado que Rosa espera un transplante de los dos pulmones, motivo por el que tiene reconocida una discapacidad.
Ese día, las plazas estaban ocupadas pero otras veces han podido aparcar más vehículos, siempre con el permiso de la Policía Local. En esa ocasión, los agentes no les permitieron dejar allí el coche, así que Enrique dejó en el mercadillo a su mujer -que tiene que llevar permanentemente oxígeno en un aparatoso carrito- y aparcó el vehículo en otro sitio, según cuenta a Estrella Digital.
Cuando regresó, el hombre instó a los agentes a que aplicaran la misma normativa a otros vehículos que se encontraban mal aparcados, tras lo que comenzaron un tenso diálogo. Los agentes pidieron a la mujer que se identificara de manera intimidatoria, según explica Enrique, y Rosa asegura que presentó su DNI a los policías tras varios intercambios verbales.
Nueve meses después del incidente, el 22 de julio, Rosa ha recibido una notificación de 601 euros de multa por esos hechos, que “pueden ser constitutivos de una infracción administrativa tipificada como Grave en el artículo 36.06 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo”, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'.
Incapacidad reconocida del Ayuntamiento
Ese mismo día, Rosa y Enrique acudieron al Consistorio a conocer los detalles de la sanción –ya que el denunciante es el Ayuntamiento de Majadahonda- y el asesor del concejal de Seguridad les mostró su extrañeza por la denuncia. “Nadie en el Ayuntamiento se explica cómo ha podido tramitarse la denuncia”, explica Enrique, aunque, en realidad, a ellos no les resulta tan raro.
Las quejas y denuncias contra la policía del municipio son numerosas, según cuentan. “Hay muchas denuncias contra los agentes. El propio asesor del alcalde nos confesó que han llegado a tener al 50% de la plantilla de la policía expedientada” por este tipo de problemas con los ciudadanos, según cuenta el marido de la mujer multada.
Es más, ellos mismos presentaron una queja formal en el Ayuntamiento tras el incidente en el que reclamaban a la Policía Local que “cumpla sus obligaciones” y sancione a todos los vehículos que incumplían la normativa. Además, se quejaban de la actitud intimidatoria con la que los agentes se dirigen a los ciudadanos.
El concejal de Seguridad tuvo conocimiento del incidente y les contestó con una carta en la que aseguraba que había puesto «en conocimiento de los mandos de la Policía Local para que se realicen las actuaciones oportunas para evitar dichas situaciones y así lograr un mejor servicio a los ciudadanos». Sin embargo, ese mismo concejal es el que tramitó la denuncia ante la Delegación de Gobierno “sin prestar atención a lo que realmente firmaba, según palabras de su asesor, y ahora no hay forma de deshacer el entuerto”, según Enrique Sánchez.
Han tratado de revertir la situación a través de los grupos de la oposición, de los que han recibido “buenas palabras, pero pocos hechos”. Solo el grupo Centristas habló con el alcalde, quien según los afectados recomendó que la ciudadana multada pagara la sanción. La conclusión es que “el Ayuntamiento se termina lavando las manos y los grupos de la oposición, también”.
Desconocimiento de la 'ley mordaza'
Rosa y Enrique quieren que se conozca su caso porque consideran que “los ciudadanos no somos conscientes de las consecuencias de la ‘ley mordaza'. “Los policías que, en muchos casos se jactan de su poder para imponer sanciones, en casos como este, no deja de ser tu palabra contra la suya”, se lamenta el vecino de Majadahonda.
“Tras la aprobación de la famosa ley, salieron muchos casos a la luz, pero después la gente se olvida de sus consecuencias”, cuenta el marido de la afectada, que se lamenta por la actitud de los agentes especialmente en un caso como el de su mujer, que tiene una situación especialmente delicada a la espera de un transplante de los dos pulmones.
Además, el procedimiento hace que los ciudadanos acaben pagando: si se efectúa el pago en menos de 15 días, la sanción se reduce al 50% (300 euros, en este caso) pero, a la vez, se pierde el derecho a presentar alegaciones, unas reclamaciones que no siempre prosperan.
Paula Pérez Cava