El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha anulado la declaración del exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria en el marco del 'caso Púnica', al reconocer que le imputó cuando todavía era miembro del Gobierno regional y diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), informaron fuentes de su defensa.
El magistrado, que tenía previsto tomarle declaración este viernes, ha estimado oralmente las alegaciones presentadas por Victoria y ha anulado su comparecencia por falta de competencia de su juzgado en el momento de la citación, a la espera de volver a llamarle a declarar como imputado por delitos de corrupción.
En la declaración, que apenas ha durado unos minutos, las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez han solicitado que la anulación de la citación se ponga por escrito.
Victoria y la exconsejera de Educación Lucía Figar, también imputada en la causa, dimitieron de sus cargos el pasado 4 de junio, dos días después de conocerse su imputación en el procedimiento, en el que se investigan las adjudicaciones que sus respectivos departamentos realizaron al presunto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro.
Los dos exconsejeros, que han acudido al tribunal acompañados de sus respectivos abogados, tenían que explicar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez los contratos que adjudicaron a las empresas del presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro.
Las diligencias judiciales, que permanecen secretas, vinculan a Victoria con tres supuestos pagos por valor de 120.00 euros que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra que tendrían como destinatario a De Pedro.
Los pagos habrían sido reclamados por el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente del departamento que dirigía Victoria. En su declaración como testigo, las representantes del Ministerio Público preguntaron al expresidente de Indra Francisco Javier Monzón si ICM solicitó a la compañía tres pagos en B por valor de 90.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.
El compareciente aseguró que no le constaban los dos primeros y que el responsable de Operaciones de Indra, Santiago Roura, imputado en la causa, le había trasladado que existía «una situación un poco desagradable», en referencia al último pago de 10.000 euros. Según su versión, Martínez Nicolás reclamó este dinero aunque nunca se llegó a pagar. A cambio, Indra le ofreció un trabajo a una de las empresas de De Pedro, según consta en la declaración.
Monzón también aseguró no conocer a De Pedro «más allá» de haberle saludado «una vez» en un acto y añadió que nunca vio «ninguna irregularidad» en los contratos con la Comunidad de Madrid. En concreto, Indra realizó un contrato con EICO, una de las empresas de De Pedro, por un total de 12.000 euros.
El Gobierno regional negó el pasado enero «categóricamente» que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al «seguimiento de informaciones 'online' y servicios de clipping» de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones».
Contratos de Figar
En relación con Figar, el juez Velasco investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, otra de las empresas de De Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es'.
En el 'caso Púnica' se investigan las «redes clientelares de tráfico de influencias» constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una «organización criminal».