Ayuso ha explicado las medidas que ha adoptado el Gobierno madrileño en esta crisis sanitaria en su comparecencia en el pleno de la Asamblea de Madrid, que ha dedicado en buena parte a criticar al Ejecutivo central y en la que solo ha anunciado que las familias podrán visitar las residencias para acompañar a sus mayores que se encuentren enfermos terminales, con todas las garantías de seguridad.
En un pleno de más de 10 horas, en el que no han cesado tampoco los reproches de la oposición a la gestión de la crisis del Ejecutivo madrileño, Ayuso ha cargado contra el Gobierno de España, en el que no debió confiar ya que «se ha ufanado de usar la mentira para llegar y permanecer en el poder».
«Les aseguro que no volverá a ocurrir», ha dicho Ayuso, que ha reprochado también la actitud de la izquierda en Madrid y su «consigna de politizar el dolor» y «propagar bulos y mentiras».
La presidenta, que ha vestido de luto, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad obligó a «enviar comunicaciones eclipsando el problema» de la expansión del coronavirus cuando la Comunidad les trasladó en febrero que se alcanzarían los 15.000 posibles contagios en la región. Una estimación que se elevó a 30.000 tras la manifestación del 8M, que ha calificado como «el mayor infectódromo de España».
Con 8.105 muertes por COVID-19 y 60.765 infectados la Comunidad de Madrid sigue siendo el epicentro de la pandemia, que llevó a los hospitales y las UCI a una elevada presión asistencial.
Ayuso ha defendido la actuación de su Gobierno de coalición, que hizo «todo lo que estaba a su alcance», y se ha excusado en la gravedad de la COVID-19, «que nos ha retraído a tiempos de la Guerra Civil».
Una crisis que, según la presidenta, tendrá un impacto presupuestario de 2.000 millones de euros, el 10 % del presupuesto regional.
Junto a los reproches al Ejecutivo central por gastar dinero «en mascarillas defectuosas y en test comprados a empresas de dudosa gestión» y por generar «incertidumbre» con sus escasas concreciones del proceso de desescalada en España, la prohibición de adquisición de material por parte de las comunidades autónomas ha sido otra de las críticas en las que Ayuso ha puesto el foco.
El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, lo ha negado tajantemente, argumentando que se han proporcionado a Madrid 14,2 millones de mascarillas, 1,8 para el transporte y más de 23 millones de unidades de protección.
Además, ha vuelto a tender la mano a la presidenta para alcanzar un pacto de reconstrucción de «urgencia» político y social, que incluya una estrategia y proyección presupuestaria.
Ayuso le ha respondido que los socialistas «no quieren pactar», sino «imponer» y que ideológicamente todo se haga como deciden desde la Moncloa.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, también de luto, ha pedido el cese del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), mientras que Más Madrid pedirá una comisión de investigación sobre residencias una vez pase la crisis sanitaria, según ha anunciado su portavoz, Pablo Gómez Perpinyà.
Tanto PSOE como Más Madrid han criticado que el Gobierno madrileño haya reducido camas en hospitales y en UCI en la última década, al igual que Unidas Podemos, cuyo portavoz, Jacinto Morano, ha apuntado que Madrid «no estaba preparada» para hacer frente a una pandemia que ha demostrado «cómo necesitamos un sector público».
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