Según han informado este viernes fuentes jurídicas, el tribunal del caso ha decidido ampliar el plazo para revisar la sentencia que dictó la Audiencia de Barcelona, que también condenó al extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de cárcel.
La resolución consideró probado que el Palau sirvió para «enmascarar» el pago de comisiones de hasta el 4 % de Ferrovial a cambio de que «altos responsables» no identificados de CDC aseguraran a la constructora un «flujo constante» de adjudicación de obras públicas en su favor.
La Audiencia ordenó el decomiso de los 6,6 millones cobrados por CDC, pero acordó esperar a la sentencia del Supremo para decidir si es el PDeCat (sucesor de la extinta CDC) quien debe pagarlos.
Además de Osàcar y CDC, recurrieron los saqueadores confesos, Fèlix Millet, condenado a 9 años y ocho meses; y su mano derecha, Jordi Montull, a 7 años y medio de prisión. La Audiencia envío a ambos a prisión por riesgo de fuga, si bien luego les excarceló tras el pago de sendas fianzas a la espera también de lo que diga el Supremo.
Sobre la mesa de los magistrados están además los recursos de la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, hija de Jordi, (4 años y medio); y los de Laia Millet y Marta Vallès, hija y esposa de Millet, condenadas como responsables civiles a título lucrativo del desfalco, así como las empresas vinculadas a las esposas de los exresponsables del Palau a través de las que se perpetró el expolio.
La Fiscalía, por su parte, recurrió la absolución de los exdirectivos de Ferrovial juzgados al considerar que los delitos no han prescrito.
Estrella Digital