La construcción de cuarenta hospitales o la concesión de once millones de becas de comedor escolar. Es el cálculo que ha elaborado Greenpeace para denunciar el gasto de dinero público que ha supuesto el desarrollo del proyecto Castor y su posterior clausura. La organización ecologista afirma que el coste del almacén de gas submarino situado en la costa de Vinaròs (Castellón) supera los 4.000 millones de euros y que serán los propios contribuyentes los encargados de afrontar el pago. “Es uno de los ejemplos más recientes de despilfarro de dinero público que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en energías sucias”, asegura la organización.
El plan, impulsado por la empresa Escal UGS –participada por ACS en un 66,67%-, arrancó en mayo de 2012 después de que fuese aprobado por el Ministerio de Industria en el año 2008. Una vez iniciada la actividad y las inyecciones de gas se produjeron más de 400 seísmos de pequeña magnitud en las provincias de Tarragona y Castellón que cuestionaron la viabilidad del almacén hasta que a finales de 2014 el proyecto fue clausurado. Ese mismo año el Consejo de Ministros aprobó a través de un Real Decreto Ley el cese del proyecto y una compensación económica de 1.350 millones de euros para la empresa Escal. El importe de la indemnización lo asumirá la compañía Enagás, transportista de gas, y el sistema gasista, en definitiva, los consumidores. En apenas un mes, la compañía presidida por Florentino Pérez recibió la indemnización.
Por otro lado, el proyecto supuso la imputación de 18 personas por presunta prevaricación medioambiental y los recursos naturales. El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, abrió el pasado mes de enero una causa por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Cstor por una denuncia interpuesta por la Fiscalía. La denuncia se dirige a los responsables del Instituto Teconológico Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación.
Tanto las asociaciones ecologistas como las de consumidores denuncian la mala gestión de los Gobiernos implicados: por un lado, el encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero por autorizar el proyecto, y por otro, el presidido por Mariano Rajoy por dar luz verde al comienzo de las actividades. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios denuncian que serán los consumidores los que acaben pagando en su factura durante los próximos treinta años los 1.350 millones de euros, además de un interés del 4,27% anual. Es decir, los usuarios deberán pagar hasta 4.731 millones de euros a través de su factura los próximos años. Tal y como explica la organización, el coste provocará un incremento de la factura del gas de los consumidores españoles que ya son “los que más pagan por el gas en Europa”.
Greenpeace, por su parte, recuerda que el coste final del proyecto se triplicó “sin una explicación aceptable” por parte de la compañía ACS, la empresa que preside Florentino Pérez. “Todo el proceso ha hecho que en abril de 2012 el Parlamento Europeo censurara la indemnización, solicitando al defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago”, asegura la organización en el comunicado. Cree además que esta situación es fruto del “empeño del Gobierno de España por seguir beneficiando a las energías sucias y a las empresas que apuestan por ellas” en lugar de modificar el modelo energético actual “hacia otro basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables”. “Las maniobras del Ministerio de Industria con su ministro Soria a la cabeza ponen en riesgo el futuro energético de España, nuestro medio ambiente y el desarrollo socioeconómico del país”, añade.
De hecho, activistas de la organización desplegaron el pasado 25 de junio delante de las instalaciones del almacén de gas dos pancartas con los lemas “Castor, coste inútil” y “#ElMedioAmbienteImporta”. La intención es recordar el gasto que ha supuesto el proyecto y denunciar las “graves consecuencias que ha tenido para la sociedad y para la zona en la que se encuentra”.