El juez Pablo Ruz ha ordenado investigar el origen de los 50.000 euros que, enviados desde el extranjero, sirvieron para pagar la fianza que en febrero dejó libre al considerado número dos de la trama ‘Gürtel’, Pablo Crespo, después de casi tres años de reclusión. En un auto fechado el jueves, el magistrado de la Audiencia Nacional accede a la solicitud de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular, y a la de la Fiscalía Anticorrupción, partidarias de indagar de dónde llegó la transferencia y quién la ordenó.
El juez recuerda que en el caso se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, por lo que cree “procedente” realizar esas pesquisas. El auto expone el objetivo: “La averiguación del origen y real titular de los fondos con que ha sido abonada la fianza impuesta y, en concreto, la determinación tanto de si su origen es lícito como si su propiedad real pudiera pertenecer al citado imputado [Pablo Crespo]”. Y esos extremos, subraya la resolución judicial, no pueden conocerse con los datos ahora obrantes en la causa. Porque lo único que se sabe es que los 100.000 euros de la caución llegaron a Banesto mediante tres transferencias: dos (de 35.000 y 15.000 euros), de carácter nacional; y la tercera, por 50.000 euros, desde un lugar indeterminado del extranjero
Con este auto, Ruz rectifica la decisión que él mismo adoptó el 5 de marzo y por la que denegó la petición de Adade para investigar el origen de la fianza. En aquel momento, el magistrado adujo que ningún indicio permitía sospechar que el envío de esos fondos esté vinculado a los delitos investigados en el caso, entre los que, como él mismo destaca ahora, figura el blanqueo de capitales.
Desde que el caso estalló en febrero de 2009, la investigación no ha cesado de arrojar datos sobre cómo la red corrupta ocultó en el extranjero fondos obtenidos de forma presuntamente ilegal gracias a sus manejos con administraciones del PP. Hasta la fecha, la justicia ha logrado bloquear más de 21 millones de euros en cuentas localizadas en Suiza y Mónaco.
Pero quienes conocen el caso de cerca no dudan de que hay más dinero por descubrir en distintos paraísos fiscales. Buena parte de los países con actividades bancarias opacas han denegado la solicitud de auxilio judicial cursada por España o la han atendido formalmente para luego eludir el envío de datos. En esa última posición se encuentran, por ejemplo, Holanda, socio fundador de la Unión Europea, y Marruecos, aliado principal de España en el Norte de África.
Pese a lo anterior, Ruz sostuvo en un principio que nada induce a creer que la fianza esté vinculada al caso. “No se ofrece al juzgado justificación alguna que permita valorar la idoneidad y necesidad de practicar la diligencia interesada”. En el mismo párrafo, el juez remarca que hay “falta de indicios” para concluir que el pago de la fianza “guarde relación con el conjunto de los hechos y presuntos delitos objeto de investigación”.
Pero el recurso planteado la Fiscalía en apoyo de las tesis de la asociación Adade ha modificado los planteamientos del juez. Ruz alega que ese recurso sí contiene “fundamentos suficientes para llevar a cabo la indagación pretendida”.
Que el juez tumbara la primera petición para tirar del hilo de la fianza tomó por sorpresa a la acusación popular a principios de marzo. Tras el varapalo y, al igual que la Fiscalía, Adade recurrió. Su recurso, paralelo al de Anticorrupción y al que Ruz no hace la menor referencia, subrayaba que seguir el rastro del dinero apenas si precisa argumentación jurídica en un caso donde “la búsqueda de las cantidades defraudadas ha conllevado la remisión de numerosas comisiones rogatorias a diferentes países”. “Resulta obvio considerar de sumo interés si el dinero consignado para eludir la prisión (…) podría encontrarse depositado en una cuenta de las utilizadas por los miembros de la trama, siendo pues de ilícita procedencia”.
Ridiculizando a la Policía
La excarcelación de Pablo Crespo se produjo el pasado 1 de febrero una vez abonados los 100.000 euros de fianza que le habían sido impuestos por el juez Pablo Ruz. Cuando los periodistas que aguardaban ante la prisión madrileña de Soto del Real le preguntaron quién había aportado el dinero, el exsecretario de organización del PP gallego dijo esto: “Mis hermanos”. Pero cuando uno de los informadores le insistió acerca de los 50.000 euros procedentes del extranjero, el imputado esquivó el asunto y se lanzó a mofarse de los jefes policiales encargados del caso. “Debe de ser algo peligroso. Yo le recomiendo al señor Morocho [jefe del grupo policial que intervino las comunicaciones de Correa y Crespo en prisión] y al señor Olivera [jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica] que se lo hagan ver, y sobre todo por un psiquiatra”.
El pago de la fianza se hizo efectivo cuando ya había quedado visto para sentencia el juicio a Baltasar Garzón por las escuchas en prisión a los cabecillas de ‘Gürtel’.
De haberse producido días antes, el procesado podría haber utilizado ese dato en su defensa para afianzar la tesis de que si intervino las conversaciones de los presos con sus abogados fue porque había indicios de que el dinero permanecía a salvo en el extranjero. Garzón fue finalmente condenado a 11 años de inhabilitación, lo que en la práctica significa el fin de su carrera judicial.