Como telón de fondo de las negociaciones presupuestarias iniciadas este jueves, el gobierno socialista tiene el último «aviso» lanzado por Moody´s, que tras haber colocado en diciembre la deuda lusa en una «perspectiva negativa» vuelve a la carga con un informe alarmista, que condena a Portugal a la misma «muerte lenta» anunciada para Grecia. Lo que dice la agencia americana es que si el presupuesto del 2010 no contiene todavía las medidas drásticas necesarias para reducir el déficit, no tendrá más remedio que rebajar la calificación de la deuda pública lusa, y sobre todo, pone en tela de juicio la «competitividad estructural» de Portugal en la zona Euro y que, según los expertos de Moody’s, podría desembocar en un proceso de «muerte lenta».
Al haber desaprovechado la época de las «vacas gordas» para sanear sus cuentas públicas y su economía, lo que Portugal tendría que hacer ahora, con la crisis a cuestas, es reducir el déficit y dejar de reservar así una parte creciente del PIB al pago de la deuda. Y eso es lo que Sócrates no ve aún necesario: a menos que sea forzado a ello por la oposición, descarta replantear o aplazar «sine die» las grandes obras públicas proyectadas para los próximos años, como la construcción de las líneas del AVE Lisboa-Madrid, Lisboa-Oporto y Oporto-Vigo; el aeropuerto internacional previsto para el 2017 en Alcochete; más de 1.500 kilómetros de nuevas carreteras y autopistas, etc. que tendrán un coste de 20.000 millones de euros.
Para Sócrates, la máxima prioridad ahora es frenar el paro que ya afecta más del 10% de la población activa, apostando pues principalmente en el relanzamiento de la economía, que según el último informe del Banco de Portugal (BdP) registrará ya este año un crecimiento del 0,7% y que será aún mayor en el 2011. Además, el primer ministro luso recuerda que el peso de las nuevas infraestructuras previstas no recaerá de inmediato sobre las arcas del Estado, dado que la mayor parte serán financiadas por el sector privado, de acuerdo con el esquema de financiación pública aplazada acordada con las constructoras y las futuras concesionarias. Lo que sí propondrá Sócrates a la oposición, de cara a la reducción del déficit, es un nuevo recorte del 15% en la inversión pública y la congelación de los salarios de los funcionarios.
Al margen de lo que opine o haga Moody’s, StandardandPoors o Fitch, nadie piensa pues en Portugal que el gobierno esté dispuesto a replantear las grandes infraestructuras previstas, ni tampoco a aplicar a las cuentas del Estado y a los ciudadanos el mismo «remedio de caballo» anunciado en otros países europeos en dificultades. El caso más llamativo es el de Irlanda, que para rebajar el déficit al 3% del PIB (tiene como plazo hasta el 2014) decidió recortar un 10% los salarios de los funcionarios y también el subsidio del paro y las prestaciones familiares, y pasar la edad de la jubilación de los 65 a los 66 años. Al mismo tiempo, el IVA pasará del 21,5% al 21%, mientras que las rentas del capital mantendrán su tributación actual del 12,5%. Grecia tendría que aplicar medidas aún más drásticas para reducir su deuda, que ya alcanza el 110% del PIB, y para que su déficit del 12,4% se sitúe en sólo tres años por debajo de los 3%.
Lo cierto es que tanto el gobierno como la mayoría de los economistas lusos no entienden como Moody’s pudo llegar a la conclusión de que Portugal estaría condenado a la misma «muerte lenta» que Grecia, la cual ya tuvo además que solicitar la «asistencia técnica» del Fondo Monetario Internacional (FMI). Unos y otros acusan a la agencia de calificación norteamericana de practicar un «alarmismo exagerado, puesto que sus propios expertos reconocen que, con una deuda del 82%, y aunque el déficit alcance este año los 10% (dos puntos más que en el 2009), «Portugal dispone de más tiempo que Grecia para solucionar sus problemas». Lo que sí reconocen los expertos lusos, como el presidente de Banco Português de Investimento (BPI) Fernando Ulrich, es que para impedir la «explosión de la deuda» los ingresos y los gastos del Estado tendrían que situarse en una década en el 38,8% del PIB, al mismo nivel del 2000.
Según un informe del BPI, la «deuda consolidada» lusa alcanzó en el 2008 el 100% de PIB: un 82,4% corresponde a la administración central, un 10,7% al sector empresarial público y un 7% a las finanzas locales y regionales. El BPI advierte también de que el sistema de financiación publica aplazada de las grandes obras publicas previstas, tendrá un impacto sobre las finanzas publicas equivalente al 2% del PIB a partir ya del 2015. «La idea que son costes aplazados para las próximas generaciones es falsa, puesto que afectaran ya la generación actual, dice Fernando Ulrich. En todo o caso, la tesis alarmista de Moody’s solo es compartida prácticamente por los economistas afectos al PSD. Es el caso de Ernani Lopes, según el cual la falta de competitividad estructural de la economía lusa frenará el crecimiento económico y los ingresos fiscales, y hará que el país se quede sin margen para sanear sus cuentas y entre en una «espiral de déficit y de deuda, o sea la «muerte lenta» anunciada por Moody’s.