Díaz Ferrán respondió así a la última propuesta del Ejecutivo de limitar la reducción de las cotizaciones sociales a unos dos puntos. En este sentido, destacó que la petición de la CEOE de reducir en cinco puntos esas cotizaciones es consecuencia de equipararse con el resto de empresas en Europa.
Además, señaló que este diálogo social está reforzado y que en todos los temas hay que tener la suficiente flexibilidad para llegar a un acuerdo.
Así mismo, insistió en que la CEOE tiene la mejor intención y el mayor interés en llegar a un acuerdo, y mostró su confianza en que también la tengan las otras partes, que también deben ser flexibles y acercar posturas.
Díaz Ferrán subrayó que el acuerdo final debe ser «proactivo para volver a ganar competitividad, volver a crear empleo y volver al crecimiento», ya que sino será muy difícil firmar nada.
A su juicio, el diálogo social nunca ha estado en peligro e incidió «en que no nos vamos a levantar nunca de la mesa de negociación, porque es más importante llegar a acuerdos que los plazos». Además, destacó que en plena negociación hay que tener cierta privacidad y no se pueden radiar los máximos y los mínimos de las peticiones de las partes.
Insistió en que siempre habrá una junta directiva de la CEOE antes de aprobar ningún documento, y añadió que en la junta que mañana (por hoy) celebrará la patronal informaremos de dónde estamos».
Propuesta modificada del Gobierno
El pasado 25 de junio, el Gobierno envió a los empresarios y a los sindicatos CCOO y UGT un primer borrador en el que proponía una rebaja de medio punto de las cotizaciones. Debido a que la CEOE quiere cinco puntos, cada punto tiene un coste de 3.600 millones, según el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, el Gobierno ha mejorado ahora su oferta inicial.
Además, el Ejecutivo también ha propuesto ampliar de los seis meses iniciales a un año los 420 euros al mes que cobrarán los parados que hayan agotado su cobertura por desempleo.
Otras de las medidas que se incluyen van dirigidas a incentivar la inversión pública en infraestructura, la reducción del absentismo y la colaboración de las empresas de trabajo temporal con los servicios públicos de empleo.
Por otra parte, la Junta también tiene previsto tratar otros informes sobre la situación social, las infraestructuras, los transportes y un plan de competitividad industrial.