Ferrer ha asegurado que los seis estudiantes que serán expulsados probablemente el curso que viene utilizaron la violencia ya que agredieron a miembros del servicio de seguridad, obstruyeron el paso del coche de la decana de Letras y entraron por la fuerza en su despacho y accedieron a su ordenador.
De estos seis, uno permanecerá tres años expulsado de la UAB, otro lo estará por dos años y otros cuatro durante un año.
Para el resto de 26 estudiantes expedientados, el rector y su equipo han decidido que reciban simplemente una amonestación pública ya que se cree que no participaron en acciones violentas ni coercitivas.
Pese a que estas sanciones han sido ya mal recibidas por los estudiantes contrarios a Bolonia, que ocupan diversas facultades de la UAB y que reclamaban la retirada de los expedientes, Ferrer se ha mostrado confiado en que la resolución de éstos no supongan nuevas trabas en la búsqueda de una salida al conflicto con los alumnos.
De hecho, el rector ha asegurado, en conferencia de prensa, que ha optado por aplicar la sanción más baja posible para las personas que utilizaron la violencia -que se enfrentaban a expulsiones de hasta once años- para no romper las relaciones con el colectivo que protesta contra Bolonia.
Intentaron impedir de forma violenta la sesión del Consejo de Gobierno
Los expedientes se abrieron después de que los estudiantes intentaran impedir el día 18 de abril de forma reiterada y violenta la sesión del Consejo de Gobierno y llegaran a entrar en el despacho del rector.
También estaban acusados de impedir la reunión de la Junta Permanente de Letras, agredir a miembros del Servicio de Vigilancia, ocupar de forma violenta el decanato y acceder al despacho de la decana los días 29 y 30 de mayo.
Lluís Ferrer, que pasadas las fiestas de Navidad dejará el cargo en manos de la nueva rectora Anna Ripoll, se ha mostrado convencido de que las sanciones son «justas» y de que eran necesarias para respetar «la dignidad de las personas acosadas o agredidas» y dejar claro que «la UAB no es una isla en la que puede pasar cosas que no se permitiría en otros lugares».
Erradicar la violencia en el campus
«Las actitudes violentas deben quedar erradicadas del campus», ha señalado, tras apuntar que «hay líneas rojas que los estudiantes no pueden cruzar».
Tras la aprobación de estas medidas disciplinarias, los estudiantes sancionados pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante la justicia, que podría incluso llegar a congelar la ejecución de la sanción si así lo decide un juez.
En paralelo, continua el proceso penal por los altercados de abril y mayo a raíz de una querella interpuesta por la empresa de seguridad de la UAB, de la que el rectorado se ha desvinculado.