Amnistía Internacional sigue tras la pista de las presuntas torturas y malos tratos cometidos por cinco militares españoles a dos prisioneros en un Centro de Detención en la Base España, en Diwaniya (Irak) en 2004, cuando España tenía una misión desplegada en ese país. Su conclusión es clara: después de 12 años el proceso judicial que investiga el caso está plagado de irregularidades y la Justicia militar ha creado un clima de impunidad en el que se protege a los supuestos agresores, según denuncia en un informe.
La polémica saltó a la opinión pública española después de que el diario ‘El País’ difundiera un vídeo en el que se ve cómo cinco militares, cuya cara aparece pixelada, propinan patadas y golpes a dos prisioneros. Incluso, uno de los militares llega a decir “a este se lo han cargado ya”.
Amnistía Internacional considera que, tras 12 años, no se ha avanzado en la investigación del caso. “No se han hecho todos los esfuerzos para identificar a víctimas y responsables de los abusos. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas”, ha sentenciado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
La ONG explica que el proceso, que se ha tramitado por la Justicia militar, está lleno de irregularidades, otros sin investigar de manera pertinente y, sobre todo, reclama que sea la justicia ordinaria la que investigue el caso, que supone una violación del derecho internacional.
Irregularidades
Para la Fiscalía Militar no hay testigos válidos porque no hay testigos directos. Aministía Internacional ha denunciado que el soldado que grabó el vídeo declaró ante la Justicia pero después retiró su declaración. El testimonio de otro militar que no estaba presente pero identificó a las personas que aparecían en el vídeo, fue desestimado.
La organización asegura contar con pruebas de que los dos testigos fueron amenazados para que no dijeran lo que sabían y denuncia que esas presiones nunca fueron investigadas.
Desde la ONG también denuncian la “pérdida” del libro de registros de prisioneros de la base española, de modo que no se puede identificar a los presos que fueron supuestamente torturados, pese a que sí se sabe la celda exacta en la que estuvieron confinados.
La reivindicación de la ONG se basa en que este tipo de violaciones del derecho internacional han de enjuiciarse por la Justicia ordinaria y no la militar. “Solo así se impediría que se mantenga un clima de impunidad que dura ya más de diez años en relación a crímenes de derecho internacional como son la tortura u otros malos tratos, que no prescriben nunca. Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación adecuada por parte del Estado y los responsables, si se confirma su culpabilidad, deben cumplir con la sanción que les corresponda”, ha asegurado Beltrán.
Además, argumentan que en España como en cualquier otro lugar del mundo, los tribunales militares no reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad que son requeridos para la investigación de crímenes de derecho internacional e insiste en su petición de llevar este caso a la justicia ordinaria, que ya han trasladado a la Fiscal General del Estado.