Comienza el curso escolar y, como cada año, con un problema añadido para padres y niños. Este van a ser los libros de texto. Cuando todavía resuenan las protestas de la «marea verde» que sacó a la calle a profesores y padres de la enseñanza pública contra los recortes de toda índole y con un frontal rechazo a la reforma Wert, que lleno las aulas de un número excesivo de alumnos mientras se recortaban las plantillas de docente; ahora, las nuevas materias obligan a libros nuevos.
Para las familias con muchos miembros en paro la adquisición de este material escolar, que no es barato, por cierto, se convierte en un coste imposible de asumir. Tal es la preocupación de la comunidad escolar que en muchas autonomías, seis de ellas del PP, han autorizado a los centros públicos a utilizar los libros del plan anterior, instando a los profesores a que en clase den las pautas para poder estudiar en ellos.
Cuando el ilustre ministro del ramo pergeñó su ideologizada reforma educativa que, según dijo, iba a hacer salir a los estudiantes de este país del pésimo lugar que ocupan en el informe Pisa, ¿no cayó en la cuenta que con unos libros no adaptados a las nuevas enseñanzas resulta mucho más difícil estudiar? ¿No se percató de que el paro alcanza a casi seis millones de personas, de que hay más de un millón de familias sin ningún tipo de ingresos y, lo que es peor, de que se han retirado las subvenciones para compra de libros de texto?
Los centros concertados, a los que el ministro cuida con tanto celo como entusiasmo, más si son de los que segregan por sexo a los alumnos, así como los privados, tendrán que comprar los libros nuevos, con lo que se producirá otro elemento de desigualdad en la formación de unos niños u otros, según el poder adquisitivo de su familia. Pero la igualdad es un tema que rechina a los responsables del ministerio de Wert.
Por otro lado, a los enseñantes de la pública se les obliga al doble esfuerzo de impartir una materia como las ciencias, que este curso se desdobla en dos, con un libro que no tiene nada que ver con lo que cuentan en clase.
La discriminación es tan notoria que solo puede interpretarse como un paso más en la cruzada emprendida por este Gobierno para dejar la enseñanza pública convertida casi en un recurso de beneficencia para aquellas familias en la más absoluta pobreza. Y esto se hace en un momento en el que, obligados por la crisis económica, muchas familias han tenido que sacar a sus hijos de la concertada por falta de medios para pagar las cuotas.
Si se quería potenciar el esfuerzo cabe deducir que los niños de la pública van a tener que redoblar el empeño. Eso sí, tienen asegurada por ley el acceso a la enseñanza católica en todos los niveles, no vaya a ser que, además de no llegar a ser hombres y mujeres de provecho pierdan la fe.
Victoria Lafora