Nadie le puede restar legitimidad al actual Gobierno para tomar decisiones pero tampoco se nos puede quitar legitimidad a los ciudadanos si ponemos en duda alguna de ellas. Esta dicotomía antipática y rencorosa en la que se ha vuelto la cosa pública lleva a que te sitúen entre los peligrosos bolcheviques solo por levantar el dedo y atreverte a disentir de la doctrina oficial que cuenta con numerosos palmeros que la propagan con lógico entusiasmo.
La reforma laboral puesta en marcha por Rajoy y equipo parece pensada en abaratar el despido antes que en crear puestos de trabajo, a partir de ahora se podrá despedir más barato a quienes tengan más experiencia para contratar a menor coste a personas que carecen de esa experiencia pero que cobrarán mucho menos. Visto de lejos parece que la reforma lo que ha hecho es pintar de naranja las salidas de emergencia para que el trabajador no se pierda mucho en el rápido camino hacia la puerta. Sin duda que las medidas son extraordinarias para un tiempo extraordinario pero por ese motivo hubiera sido importante acordarlas con la ayuda de otras fuerzas políticas, y hasta de los sindicatos que aunque débiles en capacidad de convocatoria siguen siendo los instrumentos constitucionales de representación de los trabajadores. Bien es verdad que la oposición, en este caso liderada por Rubalcaba, está para tapar sus propias goteras antes que para recibir en sus salones y acordar grandes pactos de Estado.
Lo cierto es que la norma ya está aprobada, ha entrado en vigor y habrá que esperar a ver cómo son sus consecuencias. Por la cuenta que nos trae, ojalá alivie la tensión de quienes hacen la cola del paro todos los meses, aunque Montoro ya ha reconocido que la reforma por sí misma no servirá para que baje la cifra de parados en España. Lo que no va a servir es para aliviar la tensión y el malestar en la calle, y eso también lo sabe el Gobierno tanto a micrófono abierto como a micrófono cerrado.
Rafael Martínez Simancas