Según el último barómetro de enero, sólo el 0,1% de los españoles creen que el terrorismo de ETA es el principal problema de este país, en número, unas 40.000 personas, menos de la población de cualquier capital vasca. Sólo al 1,4 por ciento le afecta personalmente, un porcentaje que aumentaría si la casualidad de los encuestados hubiera recaído sobre familias o amigos de los más de 800 asesinatos de la banda, o en los amenazados dentro y fuera de Euskadi. El CIS, por tanto, ignora a Sortu. Los ciudadanos, también. En las cuarenta preguntas de la encuesta sociológica no se percibe la necesidad ni la preocupación de que la izquierda abertzale esté en las próximas elecciones como sinónimo de una mejora democrática en España.
En el estado de ánimo colectivo, la posible normalización política en el País Vasco, a pesar de ser histórica, no ilusiona. Sortearán el filtro de los tribunales, pero llegan tarde para reivindicar el nacimiento de un proyecto de cara a la opinión pública. El paso que en muchas épocas se ha esperado como un milagro político, llega a destiempo. Es decir, hay desencanto y a su vez hay novedades: Sortu da más pasos de los que muchos, dentro y fuera del arco abertzale, se esperaban.
La decisión es judicial pero el proceso es político. La formación pos Batasuna rechaza, sin precedentes, “absolutamente y sin ambages la violencia”, y se ajusta escrupulosamente (ni más, ni menos) a la Ley de Partidos. Pero no sólo eso. Si buscamos el lado positivo en la hoja de ruta de la izquierda abertzale desde su última ilegalización a los estatutos de Sortu, es la primera vez que el grupo político se impone al militar, echándole un pulso en un proceso interno de unos ocho meses de debates y asambleas que ha derivado en la redacción del documento recién depositado en Interior. Como comenta una socióloga conocedora del entorno, en un momento en que la dirección de ETA ha cambiado varias veces en un año, cuando según las últimas informaciones policiales la banda está más débil que nunca y al mando de dos mujeres y un hombre de unos treinta años, el documento se avaló en asambleas con un ochenta por ciento de consenso”. Los últimos boletines semanales de la Izquierda Abertzale dejan entrever que la línea política ha podido incluso frente al colectivo de presos, los más duros y quienes más resistencia han puesto.
El hecho de que los impulsores de Sortu no tuvieran otra salida no implica que no la hayan tomado. De hecho, han buscado apoyos internacionales, en el ámbito del derecho y líderes del Sinn Féin, dentro del transcurso democrático interno para acatar el margen legal y las exigencias democráticas. Así lo han reivindicado en la rueda de prensa. Primero en inglés, después en castellano. Insisten en que no son continuidad de nadie y que sus estatutos son garantistas. En cuanto a pedir la disolución de ETA o la entrega de armas, no han dicho nada.
Es lógico que políticos, juristas y ciudadanos se pregunten, con legítimas sospechas, si forman parte del entramado etarra; o si la jugada está enfocada en participar en los comicios de mayo. Lo segundo parece lógico, ¿para qué si no harían un partido? Sobre lo primera, la ley contempla ilegalizar la nueva marca de Batasuna, antes o después de las urnas, una garantía para que futuros concejales no se blinden en sus escaños incumpliendo la Ley de Partidos.
En la pelea por los votos, los partidos no tienen claro cómo influiría en las elecciones vacas. Las anteriores ilegalizaciones han supuesto un movimiento de votos a favor de formaciones como Aralar. El Psoe cree que el PP utilizaría la legalización para arremeter contra el Gobierno; y los populares no aceptan que participe en las elecciones sin que ETA haya desaparecido; para el PNV, en el otro extremo, su incorporación supone la normalización de la política. El semáforo seguirá en rojo hasta que hablen los tribunales. Si dan el visto bueno, habrá meses de recelos, de semáforo en ámbar, con más o menos credibilidad y entusiasmo, la luz verde pretende abrir el camino hacia la desaparición definitiva de la violencia. Los pasos están claros, sólo tienen que cumplirse con la ley y la sensibilidad que merecen quienes la han sufrido.
Pilar Velasco