Antes de darse a conocer el nombre y los estatutos de esa hipotética nueva Batasuna, el presidente del Gobierno y el del Partido Nacionalista Vasco, en el escenario de los acuerdos presupuestarios para 2011, hacían ver y decían directa o indirectamente que, en lo que se refería al fin de ETA, estaban de acuerdo e iban de la mano. Si no se considera que en política puede decirse cualquier cosa, sin importar que unas y otras sean contradictorias o ninguna tenga sustento en la realidad, sería conveniente que, al conocer las estrategias de ETA y Batasuna, se aclarara que las cosas no son así.
El PNV quiere la legalización del nuevo partido. Es más, considera que se debe dar crédito a Batasuna, al parecer más que a los tribunales ya que sus dirigentes repiten una y otra vez que la decisión será “política”, es decir, determinada por los intereses estratégicos y electorales del Gobierno y del PSOE. El Gobierno, por su parte, subraya que la credibilidad de Batasuna está “bajo mínimos”, recela de que unos estatutos se completen con conductas democráticas y con la ruptura (y condena) de ETA y anuncia que los enviará a la Fiscalía confiando en que los tribunales hagan cumplir la ley.
Este asunto (el fin de ETA, el futuro de Batasuna con un nuevo alias, etc.) no es sólo una cuestión formal, siendo fundamentales las cuestiones formales. Si los Presupuestos de 2011 llevaban a exteriorizar un entendimiento con el PNV que no termina de entenderse (ya que este partido sí que quiere la colaboración de Batasuna para quebrar la mayoría del lehendakari socialista Patxi López), la salud democrática obliga a que los principios del pacto sobre estas materias entre PSOE y PP sean visualizados por los ciudadanos y explicados, con los matices que se quiera, de forma unitaria.
Se trata de una responsabilidad complementaria a la acción de la Justicia y se echa de menos que, precisamente en un momento de discrepancias y batallas electorales, no haya un esfuerzo serio y renovado para que quede patente y fuera de las refriegas políticas e ideológicas. ¿Habrá que esperar mucho? Desde luego, es más importante que el presidente Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición Mariano Rajoy hablen de ello y confirmen su entendimiento que una charla sobre una reforma de las pensiones que ya es impepinable y que se ha fraguado fuera del Parlamento.
En la pelea por los votos, los partidos no tienen claro cómo influiría en las elecciones vacas. Las anteriores ilegalizaciones han supuesto un movimiento de votos a favor de formaciones como Aralar. El PSOE cree que el PP utilizará la legalización para arremeter contra el Gobierno; y los populares no aceptan que participe en las elecciones sin que ETA haya desaparecido; para el PNV, en el otro extremo, su incorporación supone la normalización de la política. El semáforo seguirá en rojo hasta que hablen los tribunales. Si dan el visto bueno, habrá meses de recelos, de semáforo en ámbar, con más o menos credibilidad y entusiasmo, la luz verde pretende abrir el camino hacia la desaparición definitiva de la violencia. Los pasos están claros, sólo tienen que cumplirse con la ley y la sensibilidad que merecen quienes la han sufrido.
Germán Yanke