Rubén Múgica, hijo del socialista histórico asesinado por ETA el 6 de febrero de 1996 –este domingo se cumplieron 15 años del atentado- aludía al estremecimiento de las víctimas del holocausto si en nombre de Goebbels alguien hubiera reclamado libertad de expresión.
Hacía referencia así a quienes desde la izquierda abertzale u otras corrientes de opinión reclaman la legalización de Batasuna en virtud de la libertad de expresión política. Por su parte, José María Múgica, testigo del asesinato de su padre, ponía el acento en “el maravilloso instrumento” de la Ley de Partidos para que “el terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, esté excluido de la plaza pública, de las instituciones.”
Los Múgica encarnan, dentro del socialismo vasco, la opción más contraria a la negociación con la banda, por instrumental que fuera, frente a otras estrategias de integración del brazo político de ETA, sobre el convencimiento de que asistimos a su final. El mensaje de los Múgica incide en ese debate dentro y fuera del PSOE con la inquietud de quienes creen que la vuelta a las instituciones de la nueva Batasuna congelaría la senda democrática iniciada con su ilegalización.
“Orain, legalización” (ahora, legalización), reza las pancarta desplegada en el puente sobre la Ría del Nervión, en las horas previas a la presentación de los nuevos estatutos de la formación abertzale. En su esfuerzo febril por llegar en mayo a las urnas, los ilegalizados anuncian también una “manifestación nacional”, con el lema: “La legalización es un puente necesario para la pacificación”.
En una formación que ha sido legal durante 22 de sus treinta años de existencia, circunstancia que nunca supuso freno alguno a los centenares de asesinatos de la banda, el axioma remite al absurdo. Sostener ahora que su legalización es necesaria para la paz, lleva a los receptores del mensaje al limbo argumental.
Otras novedades en los estatutos de la renovada formación aluden al “rechazo expreso a la violencia, también la de ETA” (Gara, 06/02/11) y a la instauración de afiliados, cuotas y elecciones del “Secretario General”. Queda por ver si esta formulación es aceptada por los jueces, aunque las víctimas (y otros demócratas) sientan el escalofrío.
Chelo Aparicio