Aunque haya a quien le pueda parecer un asunto menor, la llamada “Ley Antibotellón” fue una de las más sonoras y aplaudidas medidas impulsadas por Gallardón en su etapa de Presidente de la Comunidad de Madrid. Es cierto que, por falta de efectivos policiales, ha sido muy complicado y difícil frenar la marea juvenil que esquivaba la ley y los altos precios de los locales de copas y discotecas. Sin embargo, y como digo, a pesar de la dificultad de la prohibición y control total, “los botelloneros” tenían una barrera para comprar alcohol: las diez de la noche.
Ahora no en la Comunidad de Madrid.
Y ya no es posible porque nuestros gobernantes utilizan las argucias que proporcionan las leyes, y que ellos se han fabricado, para colar por la puerta de atrás todo lo que no se atreven a contrastar en un debate parlamentario y ante la opinión pública. Así, hace apenas unos días y amparados tanto el PP (Gobierno de la Comunidad de Madrid) como el PSM (Partido Socialista de Madrid) en la “Ley escoba” o “Ley de acompañamiento”, colaron la modificación de la “Ley Antibotellón”, consistente en permitir la venta de alcohol en locales de conveniencia a partir de las diez de la noche.
Como mínimo, estamos ante un descomunal despropósito político y social que, sin duda, va a fomentar y multiplicar el fenómeno del botellón. Y en este punto de análisis observo dos derivadas tremendamente preocupantes.
Primera: nuestros políticos juegan a la doble moral y nos toman el pelo en cantidades industriales como si pensaran que somos completamente imbéciles. A saber, quienes se han arrogado como defensoras de la familia tradicional y han encabezado manifestaciones de la mano de clérigos por las calles de Madrid, al tiempo son capaces de alentar y fomentar el consumo de alcohol, uno de los mayores problemas que nos deberían preocupar y que desestructuran a los núcleos familiares. Y no es lo peor, es que en esta liberalización el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha encontrado con el apoyo sin fisuras de la oposición, o sea, el PSM. Llevan dos legislaturas tirándose los trastos a la cabeza sin ningún pacto de relevancia y, mire por donde, en esta medida han sido uña y carne. Ante ello solo cabe una explicación que ninguno de los dos partidos han sabido o querido explicar: su total y absoluto sometimiento y obediencia a las presiones de los empresarios de las cadenas de conveniencia (aquellas que abren más de 18 horas al día y, ahora, podrán vender alcohol más allá de las 22 horas). Pues si Gobierno y oposición tragan con esto…, menuda democracia.
Segunda: Ante las protestas de Gallardón, el ejecutivo de la Comunidad Madrid ha introducido una nueva modificación mediante la cual, los ayuntamientos de la región podrán escoger en qué zonas de su territorio se aplicará la ley que permite a estos establecimientos dispensar bebida alcohólicas. Es el mal menor.
Lo realmente escandaloso es que a este cambio se llega gracias a una enmienda del Grupo Parlamentario Popular a la norma que reforma la Ley de Cajas. Sí, a la Ley de Cajas. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y apoyándose en un decreto de 28 de julio de 2005 del Gobierno central, que permite que las disposiciones finales de las leyes puedan albergar cambios puntuales de normas cuyo objeto no tiene relación directa con la normativa a elaborar, los ‘populares’ han accedido a la mínima compensación que pedía Gallardón para que los municipios puedan elegir en qué zonas de las ciudades estos establecimientos especiales puedan vender alcohol en horario nocturno hasta las ocho de la mañana.
De nada ha servido el bloqueo legal de I.U. al negarse a firmar una enmienda transaccional para impedir que se lleve a cabo semejante despropósito y que verá la luz por vía de urgencia el próximo mes de enero, sin debate político ni social. Casi clandestinamente.
Estas argucias legales y triquiñuelas , a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno de la Gran Señora de Madrid, evitando el debate político y social y menospreciando a los representantes de los ciudadanos, son una auténtica inmoralidad política por mucha justificación legal que puedan tener.
Es un desprecio en toda regla a la democracia. Y aunque a eso ya nos tiene acostumbrados, no podemos ni debemos resignarnos a los chascarrillos y chalaneos que se le puedan ocurrir para administrarnos. Parece el gobierno de la “Señorita Pepis” pero con bastante menos gracia y menos juguetes. Y con más alcohol en los parques en manos de nuestros jóvenes. Y esto es serio.
Feliz Navidad.
Alfonso García