La nueva sentencia del Tribunal de Estrasburgo, pendiente de recurso, sobre las candidaturas de ANV anuladas por el Gobierno vuelve a establecer que la Ley de Partidos –y las ilegalizaciones y anulación de candidaturas fraudulentas- se ajusta al Convenio europeo de Derechos Humanos. El Tribunal, reiteradamente, ha señalado que la propia defensa de la democracia y el sistema constitucional impide que puedan ser avaladas candidaturas que, por su vinculación de uno y otro modo con ETA y la violencia, sean instrumentos contra esos principios.
Viene el caso al intento de Batasuna de estar presente, con marca propia, en las próximas elecciones locales. La reglas para comparecer en los comicios, avaladas por el Tribunal, están claras. Quien desee estar presente sabe lo que tiene que hacer y lo que una democracia seria no puede permitir. Y, por otro lado, la evidencia legal –nacional y europea- demuestra que no tiene sentido alguno, como se hace habitualmente, pedir a las instituciones del Estado, especialmente al Gobierno, que de algún paso, que rectifique o que se muestre con “generosidad” ante las pretensiones de Batasuna.
El único rumbo es, por tanto, el de la ley y la única exigencia al Gobierno debe ser el respeto de la misma y, con él, el de los derechos de los ciudadanos que serían vulnerados con cualquier tipo de esa “generosidad” que se demanda. Si hay una evolución de Batasuna no puede ser otra que la de la ruptura con ETA y el cumplimiento de la ley. Lo demás, incluso en el campo de la retórica, es un desistimiento inaceptable.
Germán Yanke