Con la que está cayendo, y en un ambiente político en el que valen todas las extravagancias y desmanes retóricos, los magistrados del Constitucional Aragón, Rodríguez Arribas y Jiménez, este último el nuevo ponente de la sentencia que se espera, podrían haber tenido un poco más de pudor y no sentarse juntos el domingo, pertrechados de puros y botellas de agua mineral, en el burladero de la empresa -además en el burladero de la empresa- de la Maestranza de Sevilla. Si no está el horno para bollos, más vale alejarse del fuego, sobre todo cuando horas después la presidenta del Tribunal hace en público un canto dolido, incapaz ya de restituir la credibilidad del organismo, y denuncia los ataques y los conflictos institucionales.
Hay en el Constitucional un grave problema, que no es culpa de los magistrados como dijo el presidente Rodríguez Zapatero (ni de los taurinos ni de los que no lo son), y los dos grandes partidos nacionales, que son los responsables, deben meditar sobre ello y sobre la salida del atolladero -que es el modo en que se designan los magistrados- apartándose, en cuestión tan grave y sensible, de la lucha partidista, los reproches y la vista puesta en las futuras elecciones. Si algo necesita consenso e inteligencia es esto.
Tampoco las elecciones catalanas justifican que los socialistas y los nacionalistas de CiU, al marear la perdiz aprovechando el caos, pidan que el Constitucional se inhiba ahora en la cuestión del Estatuto. Es una pretensión tan desestabilizadora como imposible porque los recursos están puestos de acuerdo a la ley y la propia del Tribunal señala que es su competencia ineludible pronunciarse sobre la constitucionalidad de los estatutos de autonomía. Si nadie confía en el Constitucional, nadie se cree que, además del jaleo, los parlamentarios catalanes, socialistas y nacionalistas, quieren otra cosa que una nueva mayoría, por el mismo sistema e igualmente dependiente de la política, que obedezca mejor y dé por bueno el texto de la discordia.
Todo esto parece que da igual, que son cosas que pasan, debates políticos, reproches mutuos a los que estamos acostumbrados, pero el daño institucional, a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho es -lo es ya- impresionante. Ahora, a la espera del milagro. O Aragón, el discrepante de los «progresistas», y Jiménez, el díscolo de los conservadores, dan con la piedra filosofal o los políticos reaccionan ante el desastre con valentía y urgencia. Eso, a la espera del milagro.
Germán Yanke