Casi siempre, suscitar demasiadas expectativas entraña riesgo de acabar en frustración. Puede ocurrir con el retomado diálogo social, y lo que se presume va a dar como fruto: algún tipo de reforma laboral.
El principal riesgo que se percibe es que no logren ponerse de acuerdo. El propio Gobierno parece temerlo y seguramente por eso ha fijado una fecha límite, a partir de la cual, de no haber pacto, anuncia que procederá a dictar desde el Consejo de Ministros su paquete de cambios.
Para nadie es un secreto que patronal y sindicatos no están precisamente próximos en sus posturas: ven de forma distinta la crisis y se manifiestan poco menos que en las antípodas cada vez que expresan propuestas de solución. Por tanto, no es fácil hallar coincidencias en las recetas ni se aprecia una sola medida a introducir en el mercado de trabajo que den muestras de compartir. Pero, aunque al final logren ponerse de acuerdo en implementar algunas, no garantizará que hayan evitado el riesgo de frustración.
Con intención o sin ella, entre todos han contribuido a generar una especie de convicción, según la cual una transformación apropiada del modelo de relaciones laborales conduciría poco menos que de forma inmediata a una recuperación del empleo. Cualquiera sabe que no será así. Diciéndolo claramente: dista de ser el ungüento balsámico que la economía española precisa para encarar la recuperación, entendiendo por tal que una parte sustancial de quienes hoy buscan ocupación y no la encuentran logren una contratación.
De alguna manera, los cambios que precisa el ordenamiento laboral podrían haber evitado la aguda y acelerada sangría de puestos de trabajo padecida en los últimos catorce meses. Que el paro español haya progresado a mayor escala, velocidad e intensidad que en el resto de la eurozona es consecuencia, entre otras cosas, de rigideces que convendría remediar. Esto es, si algo de eso se hubiera implementado antes de finales del 2007, probablemente la tasa de desempleo rondaría hoy niveles más próximos a la media europea: acaso cuatro o cinco puntos menos que ese lacerante 18 por ciento que toca soportar.
No quiere decir que la reforma no sea necesaria. Antes al contrario, resulta perentorio acometerla, pero sin hacerse demasiadas ilusiones sobre los efectos inmediatos que va a provocar.
Conviene no perder de vista que la creación de empleo no tendrá tasas netas positivas hasta que la economía haya asentado una fase de recuperación. Es cierto que, con otras reglas, se pueden incorporar incentivos y, aunque a algunos cueste creerlo, es probable que los puestos de trabajo que se creen tengan más calidad que los precedentes y, en consecuencia, resistir mejor el embate de futuros períodos recesivos… que los habrá. Pero sería peligroso confundir la reforma del mercado laboral con la detención brusca de la destrucción de puestos de trabajo en que la economía española se viene mostrando tan eficiente desde que comenzó la actual etapa de crisis… más o menos como en la anterior y la anterior de la anterior.
Enrique Badía