Oficialmente, hoy será el primer día, pero ¿lo será de verdad? Conforme a ley, este 7 de enero es la fecha en que el comercio puede empezar a ofrecer a sus clientes productos a precio rebajado, aunque a decir verdad viene haciéndolo desde hace meses, prácticamente durante todo el último año, tratando de paliar una reticencia bastante generalizada a consumir lo que no sea esencial. Cuestión distinta es que el empeño normativo de las administraciones obligue a llamar de otra manera –ofertas, promociones, regalos, descuentos…- lo que en realidad no es más que reducir el precio que debe pagar el consumidor.
La caída del consumo es consecuencia y causa de la crisis actual. Determinar dónde radica la prevalencia viene a ser algo así como el secular empeño –tenido por imposible- en resolver el dilema entre huevo y gallina: la correlación resulta diáfana, aunque nunca haya quedado claro qué surgió antes y qué después.
Tan pronto como se afianza el convencimiento de que las cosas van a peor en lo económico, el ciudadano aprieta el bolsillo y se retrae o priva de gastar en lo que no considera esencial o ve prescindible, siquiera de forma temporal. Unos se ven forzados a ello porque han perdido su trabajo o mermado sus ingresos; otros, bastantes más, se ven amenazados por esa posibilidad y optan por la precaución. El resultado es que muchos negocios pasan a vender menos y, acto seguido, no tienen otro remedio que reducir dimensión, esto es empleo, o en último extremo desaparecer. Lo que a su vez incrementa el número de personas sin capacidad de gasto efectivo, pero también la propensión de los demás a no gastar.
Ante semejante escenario, sectores y actividades afectados optan por hacer sus productos más asequibles, sea reduciendo costes de producción o acortando márgenes, de forma que puedan ofrecer a los consumidores una relación más optimizada entre lo que cobran y lo que dan. En una palabra: rebajar.
El celo administrativo, empero, obliga a que no todos puedan hacerlo con el mismo grado de transparencia. El comercio minorista ha de agudizar el ingenio para evitar caer en el corsé normativo impuesto a la figura. Otros pueden hacerlo, sin más. Entre estos últimos se pueden destacar dos de consumo muy extendido: automóvil y turismo-ocio.
Cualquiera sabe que, desde hace tiempo, comprar un coche es más barato que doce o más meses atrás; ello dejando aparte las ayudas para supuestos muy determinados y bastante restrictivos que han establecido las administraciones. No sólo las distintas marcas ofrecen toda suerte de bonificaciones y regalos para la adquisición de la mayoría de modelos, sino que los concesionarios, en tanto que vendedores directos, compiten entre sí mejorando las ofertas de las marcas y a menudo primando las valoraciones del coche habitualmente entregado por el comprador.
Algo semejante viene caracterizando actividades relacionadas con turismo-ocio. Los hoteles modulan hace tiempo sus tarifas en función de las expectativas de ocupación, de modo que una misma habitación, en un mismo establecimiento, puede tener precios sensiblemente distintos para cada día de la semana. Y las compañías aéreas hacen otro tanto: volar de un punto a otro en una misma compañía puede costar de una a diez veces, dependiendo de la hora o el momento que se elija volar.
A lo mejor tiene sentido que unas actividades puedan recurrir sin trabas a las rebajas como estrategia para afrontar la caída de la demanda, mientras otras han de disimular que lo hacen para esquivar la vigilancia de la administración. Si lo tiene, valdrá la pena explicarlo para que quede claro. Si no, sería hora de revisar una asimetría que, en el fondo, no cambia la realidad.
Enrique Badía