Va a terminar el año con una indignante paradoja: en medio de la crisis económica, con gubernamentales llamamientos a ajustarse el cinturón, el presidente del Gobierno, metido de lleno en una alocada negociación para salir de su apuro “catalán”, anuncia que todas las comunidades autónomas “van a ganar” con su propuesta de financiación. La propuesta es u subterfugio. La financiación, un eufemismo. La propuesta es una suma de cesiones para que los voraces gobernantes autonómicos no se desmanden, elaborada a toda prisa después de quitarle los papeles de encima de la mesa al vicepresidente Solbes y sus asesores del ministerio de Economía. La financiación, en realidad, es la constatación de que los gobiernos autonómicos, en vez de políticas y proyectos, son más proclives a sumar gastos sobre los gastos, directamente o a través de empresas públicas interpuestas. Luego acuden todos al Gobierno, o más bien al presidente, que es el que, en estas cosas de la necesidad del poder, muestra menos coherencia intelectual y política.
La paradoja y su componente indignante aparentemente resuelven un problema político y facilitarán, al parecer, más medios a las comunidades. Todo esto de modo arbitrario, es decir, salvo que el documento prometido sea una sorpresa sobreañadida, mediante criterios dispares y añadidos en función de negociaciones de urgencia: aquí la población, allí la tercera edad, en otro lugar la dependencia, en la de más allá la lengua, etc. Pero todo ello, a largo plazo, establece los parámetros de un Estado que, además de debilitarse, terminará por ser incapaz de llevar a cabo políticas generales. En el momento de las grandes soluciones globales para las crisis y los problemas globales, aquí nos dedicamos a establecer las condiciones de unos reinos de taifas que, a estas alturas y después de tanto forzar la Constitución, tiene poco que ver con el “Estado de las Autonomías”.
Pero, además, se pagará un precio curioso. Toda esta teórica ayuda a las comunidades autónomas se volverá aún más contra un sistema que se aleja estrepitosamente de la opinión pública. La mayor parte de las reivindicaciones son cuestiones de los políticos, o de los administradores, y no de los ciudadanos. De hecho, debe resultar ya sorprendente que, cuando estos están preocupados por su empleo en 2009, sus gobernantes se dediquen a esquilmar las arcas públicas sin ninguna preocupación por el déficit y el control de los recursos. Mientras, el conglomerado de gasto y competencias se olvida reiteradamente de los municipios, que sí son los que aún mantienen el curioso prestigio de la cercanía a los administrados y que tienen que ocuparse, una y otra vez, de cuestiones que no son legalmente sus competencias.
Así que un buen fin de año, como se ve. ¿Nos preocupa el empleo? Pues ahí tenemos teóricos servicios para ayudar a encontrarlos en los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas y el Estado. Todos descoordinados, trabajando por su cuenta, gastando más en la gestión que en la inversión productiva. ¿Quién dice el presidente Rodríguez Zapatero que va a ganar?
Germán Yanke