miércoles, julio 17, 2024
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El Tribunal Constitucional apoya la reforma que impide nombramientos del CGPJ en funciones

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Durante una sesión tensa, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado su respaldo a la controvertida reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que propugna que no se puedan realizar nombramientos mientras esté en funciones. Esta medida, impulsada por partidos como el PSOE y Unidas Podemos, ha sido objeto de debate y críticas por parte del PP y Vox.

Los debates en el TC han tenido un fuerte carácter polarizado. La magistrada progresista María Luisa Balaguer defendió una ponencia que apoyaba la legalidad y constitucionalidad de la reforma. Por otro lado, la ponencia del magistrado conservador César Tolosa se oponía firmemente a la misma.

La posición dominante en el TC fue la de la mayoría progresista, formada por siete magistrados, que respaldaron la ponencia de Balaguer. Esta postura encontró oposición en los cuatro magistrados conservadores: César Tolosa, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Los mismos anunciaron un voto particular en desacuerdo con la sentencia final.

Cgpj

El argumento central del bloque progresista se basa en el artículo 122 de la Constitución, el cual, según Balaguer, proporciona el margen necesario para regular cómo debe actuar el CGPJ. Balaguer subraya que «la Constitución expresa claramente que el CGPJ tiene un mandato de cinco años», después de los cuales debe renovarse, de modo que no considera un Consejo en funciones.

La ponencia contraria, encabezada por Tolosa, sostiene que el artículo mencionado permite modular el funcionamiento interno del CGPJ, pero no otorga la libertad de privarlo de realizar nombramientos, una función crucial establecida en la Constitución.

El trasfondo de esta reforma está relacionado con la renovación parcial del Tribunal Constitucional, que tuvo lugar en enero. Esta renovación cambió el balance del TC, pasando de una mayoría conservadora a una progresista. Los partidos Vox y PP habían sostenido que la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en marzo de 2021 era inconstitucional.

La reforma introducida por el PSOE y Unidas Podemos tenía como objetivo principal presionar al PP a renovar el Consejo. Sin embargo, esta estrategia no sólo no cambió la postura del PP, sino que también resultó en un problema mayor con una acumulación de nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo y en los tribunales autonómicos. Estos últimos han manifestado su preocupación ante lo que consideran consecuencias negativas de la reforma.

Actualmente, hay un total de 83 vacantes por cubrir en el ámbito judicial superior, de las cuales 23 pertenecen al Tribunal Supremo. Este último ha estado alertando sobre un posible colapso debido a la situación «insostenible» a la que se enfrenta.

El tema seguirá siendo motivo de debate y discusión en el panorama político y jurídico de España, especialmente por las implicación que tiene para el funcionamiento del sistema judicial del país.

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