Así, en los casos de condena por homicidio o asesinato, se establece imponer obligatoriamente la pena de privación de la patria potestad cuando la víctima y el autor de los delitos tengan un hijo en común, o cuando la víctima sea hijo o hija del autor, respecto de otros hijos e hijas, si existieren, destaca el Defensor.
Además aplaude que la nueva normativa refuerce el derecho de los menores a ser escuchados y tenidos en cuenta en contextos de violencia que les afecta.
La institución, que preside en funciones Francisco Fernández Marugán, recuerda que lleva años reclamando un doble enfoque, de género e infancia, para luchar contra la violencia machista y que ha reiterado en numerosas ocasiones que «un maltratador nunca puede ser un buen padre».
Para el Defensor, la aceptación de estas recomendaciones supone el reconocimiento de una de las principales reivindicaciones de las víctimas de violencia de género, pero asevera que es imprescindible que los jueces y fiscales extremen el cuidado sobre el incremento del riesgo al que se somete a los menores de las mujeres víctimas durante los procesos de divorcio.
En este sentido, reclama la aplicación de las normas para proteger a los niños cuando se ha emitido la orden de protección para la madre, pronunciándose incluso de oficio, sobre la suspensión de la patria potestad, o de la tutela, curatela, guarda o acogimiento, o sobre cualquier otra situación vinculada a los menores para apartarles de un peligro o evitarles perjuicios.
Desde 2013, fecha en la que se les comenzó a incluir en la estadística de los crímenes machistas, 37 niños y niñas han sido asesinados. «En muchas ocasiones, estos crímenes han ocurrido mientras el menor estaba con su padre durante el régimen de visitas», lamenta el Defensor.
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