Entre los comercios y las oficinas del corazón financiero de la capital asoma un peculiar edificio de estilo neomudéjar, el más antiguo del barrio de Chamberí, rodeado de árboles centenarios que probablemente acabará reducido a escombros. En un exclusivo rincón del distrito madrileño, entre las calles de Alonso Cano y Raimundo Fernández Villaverde se encuentra el histórico Taller de Precisión de Artillería (TPA), ahora vendido a una promotora inmobiliaria para la construcción de más de 300 viviendas de lujo con el beneplácito del Gobierno de Manuela Carmena.
El establecimiento, pionero en el siglo XIX por estar construido con cemento armado y con el objetivo de desarrollar tecnología militar, se convertirá en una urbanización de alto standing con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y el Grupo Popular. Con sus votos, el pasado mes de noviembre se aprobó el Plan Parcial para sacar el proyecto adelante. Ahora, la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CPPHAN), de la que el consistorio forma parte, también ha dado vía libre para su demolición. Una decisión que ha agravado aún más la fractura interna que sufre Ahora Madrid.
“Las prisas por tramitar esta licencia de demolición nos hacen temer un posible derribo aprovechando el periodo vacacional para pasar más desapercibido y evitar la oposición social, un modus operandi de gobiernos anteriores que debería desterrarse para siempre”. Con estas palabras, la plataforma Ganemos, que se es miembro de Ahora Madrid, ha criticado duramente la postura del equipo de Manuela Carmena al que acusa de promover un “pelotazo urbanístico”. “La operación prevista para el TPA es el paradigma de la especulación urbanística, por cuanto contiene todos los ingredientes de lo que conocemos como un pelotazo. Este problema estalla ahora en toda su crudeza”, dice el escrito.
Las fuertes divisiones internas que sufre Ahora Madrid quedaron precisamente patentes en la votación de este plan el pasado mes de noviembre durante la celebración del Pleno. Seis ediles, algunos de ellos ligados a Ganemos, votaron en contra. Fueron Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente, Pablo Carmona, Montserrat Galcerán, Rommy Arce y Yolanda Rodríguez los que se opusieron al proyecto. Carmena tampoco contó con el apoyo de los socialistas que votaron en contra mientras que Ciudadanos decidió abstenerse. Salió adelante con los votos favorables del PP.
Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid, trató de justificar en su momento las desavenencias de su partido y la aprobación del controvertido plan, al que sí se opuso durante la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales. “Es una operación heredada del PP que tiene como origen el pelotazo urbanístico al que estábamos tan acostumbrados en los años anteriores. No nos gustaba la operación pero también somos un gobierno responsable y tenemos que tomar decisiones y tratar de conciliar los derechos de los vecinos de Chamberí y de los cooperativistas del proyecto”, dijo Maestre. Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a los socialistas que afirman que tras la llegada de Ahora Madrid al Gobierno el plan se encontraba en una fase de aprobación inicial. Por eso, denuncian que el equipo de Carmena podría haber reconducido el plan para evitar la demolición del edifico histórico.
Pero las críticas al Ejecutivo de Carmena no solo provienen del ámbito político. Numerosas asociaciones sociales, vecinales y ecologistas han mostrado su descontento y su oposición. De hecho, el proyecto ha llegado hasta los tribunales. Ecologistas en Acción presentó un recurso para tratar de paralizar el plan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite. La organización ecologista ha explicado que la iniciativa de Carmena incumple la Ley de Suelo puesto que se ha dado vía libre a la “demolición de un edificio histórico”. Además, los ecologistas creen que aunque el edificio no está incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de Madrid contempla “suficientes valores arquitectónicos e históricos para ser protegido”. La organización dice que ha decidido recurrir la decisión del consistorio madrileño porque cree que el proyecto urbanístico permitirá un “gran incremento de edificabilidad” en un distrito que no cumple los estándares mínimos de dotaciones y por otorgar la demolición de un edificio histórico, cuya protección ha sido solicitada por la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio.
Marina García-Rico