Así lo ha comunicado la representante de la Fiscalía en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se ha sentado en el banquillo José Miguel G.R., acusado de un delito continuado de falsificación de documento privado y otro de revelación de secretos.
Por su parte, la abogada de la acusación particular, ejercida por el coronel, ha pedido que el acusado sea condenado a dos años y medio de prisión mientras que el letrado defensor ha solicitado su absolución al estimar que las pruebas de cargo son nulas.
Además de la pena de prisión, la representante del Ministerio Público ha solicitado inhabilitación absoluta durante ocho años para el acusado.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre los días 26 de febrero y 5 de marzo de 2015 el procesado, «con ánimo de perjudicar al coronel de la Guardia Civil», suplantó la identidad de su superior para redactar una carta con fecha simulada de 23 de febrero del mismo año para dirigirla al «Sr. Ministro del Interior».
Añade que el capitán califica a este partido de «terrorista» y señala «las consecuencias terribles» que tendría una posible victoria electoral.
Según relata la Fiscalía el texto añade que Podemos «pone en peligro la cohesión social y la unidad de la patria», recrimina que el ministro de Defensa no estuviera haciendo nada al respecto y que así iba a lograr «entregar nuestro país al comunista Pablo Iglesias».
Además el acusado, suplantando la identidad del coronel, envió otras dos misivas una criticando a Podemos y la otra pidiendo disculpas por las dos cartas anteriores, siempre según la Fiscalía.
Durante la vista, la fiscal ha relatado que cuando el coronel se enteró de la existencia de las cartas recordó que en octubre del año anterior había abierto un expediente disciplinario al acusado por unos viajes vacacionales que había realizado.
La fiscal ha relatado que por ello podría haber una «animadversión» del capitán hacia su superior. «Para realizar estas cartas tan denigrantes tiene que haber motivo de peso», ha añadido.
Asimismo, la representante del Ministerio Público ha aludido a las principales pruebas que culpan a José Miguel G.R. de los delitos de los que se le acusa como el registro de navegación de su portátil que reflejaba que «había accedido a un documento PDF» que se trataba de un contrato firmado por el coronel «para trasponer la firma del mismo».
Igualmente, se ha referido a una auditoría del servicio informático que reveló un acceso que realizó el acusado a la base de datos de recursos humanos de la Guardia Civil para averiguar la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) del denunciante, un documento que «no es público» y que, por tanto, deriva en un delito de revelación de secretos al incluirlo en las cartas.
El abogado de la defensa ha alegado durante su informe que la investigación llevada a cabo está «repleta de oscuridad, confusiones y anomalías» y ha asegurado que se le denegó el acceso al «cotejo de pruebas digitales» realizadas por la Guardia Civil.