Lo hará en el segundo Pleno del año, que arranca este martes, que no destaca por llevar en el orden del día ninguno de los principales asuntos pendientes de resolución en el tribunal, algo previsible dado que apenas es la segunda reunión con la actual configuración de órgano constitucional tras la renovación de cuatro de sus miembros.
De hecho, el Pleno apenas verá siete sentencias de las que sobresale el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra el real decreto ley de protección de los consumidores vulnerables, de enero de 2021, que, en opinión de ese partido, ampara y legaliza la okupación de viviendas.
En concreto, el PP rechaza la disposición que suspende el desahucio y los lanzamientos de personas económicamente vulnerables cuando no tengan alternativa habitacional, una posibilidad que solo se aplicó durante el estado de alarma por la pandemia.
Los recurrentes consideran que el real decreto incumple el artículo 86.1 de la Constitución y supone una vulneración del derecho a la propiedad y del derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.
También se debatirá la Ley catalana de protección y ordenación del litoral, de la que había suspendido una parte al admitir el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo contra la norma autonómica que desde 2020 otorgaba a los ayuntamientos competencias en el plan de uso del litoral y playas.
Sin embargo, el tribunal levantó la suspensión el pasado septiembre cuando estaba a punto de vencer el plazo de cinco meses que marca la ley para que se pronuncie sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de dos artículos que fueron recurridos el pasado mayo por el Gobierno.
El Ejecutivo considera que podrían vulnerar las competencias del Estado al atribuir a los Ayuntamientos el otorgamiento de títulos de utilización del dominio público marítimo terrestre en los casos previstos por el plan de uso del litoral y de las playas.
Además, el tribunal deliberará una sentencia de la magistrada Maria Luisa Balaguer sobre un recurso de Ciudadanos contra el Acuerdo de la Mesa del Parlament de Cataluña de 25 de septiembre de 2019, por el que se reivindicó la amnistía de los condenados por el proceso independentista catalán.
Y también tiene previsto resolver la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la ley de policías locales de la Comunidad de Madrid respecto del incremento retributivo como consecuencia de la reclasificación de los policías locales de la región.
Asimismo, el pleno tiene previsto abordar la admisión de varias cuestiones, entre las que destaca la Ley canaria de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que establece la libre autodeterminacion de la identidad y la expresión de género, conocida como la ley trans canaria, que fue recurrida por Vox.
La secretaria general de Vox y portavoz adjunta de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, denunció en la presentación del recurso que «esta aberrante ley canaria establece que si una persona dice sentirse mujer, existe la obligación de tratarla como tal en todos los ámbitos, sin necesidad de pruebas».
Otras admisiones que estudiará será el recurso del PP contra la creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, y el recurso de Vox contra el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. EFE
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