miércoles, noviembre 30, 2022

El Congreso plantea unificar mandato de los órganos independientes a 6 años

El Congreso de los Diputados está analizando posibles cambios legales para unificar los criterios que rigen a los órganos independientes como la CNMV, la CNMC, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), para que se unifique por ejemplo, a seis años, el mandato de sus máximos responsables.

La subcomisión del Congreso que analiza las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y organismos reguladores está estudiando un documento base, propuesto por PSOE y Más País, con el fin de homogeneizar algunos criterios ante una legislación diferente para cada organismo y que califican de «laxa» en los criterios de acceso.

«Que el mandato de los máximos responsables sea largo no solo es una garantía de independencia sino también de eficacia, pues permite trazar objetivos a medio plazo. Seis años, es decir, una legislatura y media, podría ser una duración de mandato adecuada para cualquier tipo de máximo responsable de autoridad independiente u organismo regulador», propone el documento de 115 puntos al que ha tenido acceso EFE.

Este texto elaborado sobre la base de las recomendaciones que hicieron los dirigentes de estos organismos en diferentes comparecencias, incluye la precisión de que el Banco de España no debe ser calificado como una autoridad administrativa independiente porque tiene una naturaleza «singular» y «se rige por lo dispuesto en el derecho de la Unión».

Así lo remarca el documento, tras incluirse esta semana una enmienda socialista así como otras tantas de carácter más técnico. Fuentes parlamentarias inciden a EFE en que el informe concluirá con consenso, toda vez que el objetivo principal es garantizar la idoneidad y profesionalidad de los máximos dirigentes de los órganos reguladores y supervisores.

En este sentido, el documento aboga por «desacompasar el mandato con los tiempos de la legislatura», ya que esto refuerza la independencia.

Además la mayoría de los ponentes coincide en que las Cortes Generales deben tener más competencias para valorar la idoneidad de los candidatos, que son propuestos por el Gobierno, con el fin de que tengan una presencia más estable y continuada en el Parlamento.

En la actualidad es la comisión especializada en cada materia la que emite un dictamen de idoneidad sobre el candidato, que acude a exponer sus méritos ante los diputados, pero el documento cree que «sería más eficaz que existiera una comisión especializada que se ocupara de esta función, que podría ser una Comisión Consultiva de Nombramientos reforzada en sus funciones».

También se plantea que haya una mayoría cualificada para el dictamen de idoneidad y «que en ningún caso pudiera salir adelante con el voto afirmativo de un único grupo parlamentario».

Por otra parte, la subcomisión que se enmarca en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática y la lucha contra la corrupción también estudia la homogeneización de la actual legislación aplicable tanto para el sistema de nombramientos, que no viene regulado en una única ley para todas las administraciones independientes, como para los requisitos exigidos para acceder a dichas instituciones.

«En general los requisitos actuales son excesivamente laxos. Sería conveniente introducir, en una normativa que afectara a todas las autoridades independientes por igual, la obligatoriedad de que el Ministerio correspondiente publicara, antes del nombramiento, una convocatoria pública de candidatos, como ocurre ya en el proceso para el nombramiento para la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos», recalca la propuesta socialista y de Más País, que será discutida en las próximas sesiones de febrero.

De la propuesta socialista también se desprende la recomendación de que el Ejecutivo pueda disponer de potestad suficiente para promover o acordar la disolución del órgano mediante un régimen homogéneo, ya que «se trata de un organismo administrativo».

En cuanto a la creación de posibles nuevas autoridades administrativas independientes, como podría ser en el ámbito de los seguros o de los servicios digitales, el debate está más abierto, ya que mientras Ciudadanos señala a EFE que el organismo supervisor o regulador debe tener una misión a largo plazo, otras formaciones no ven mal la creación de agencias específicas para controlar actuaciones concretas, por ejemplo, los fondos de recuperación europeos.

Los socialistas, por el contrario, inciden -según se desprende del texto base- en que es el Gobierno el sujeto legitimado para adoptar decisiones en todos los ámbitos y que ésta es la razón por la que la creación de entidades independientes debe ser excepcional y limitada en las materias en las que opera.

La necesidad de dotar de mayor imparcialidad a las decisiones adoptadas en ciertos sectores económicos para desligarlas de intereses electorales o de formaciones políticas es uno de los debates que impregna la subcomisión.

Decisiones con criterios exclusivamente técnicos, y una elección de los responsables en base a un grado de excelencia y profesionalidad, son otros de los puntos que están sobre la mesa y que podrían reforzarse con la decisión de que el personal que integre el organismo provenga del cuerpo funcionarial de la Administración General del Estado (AGE).

«Que es el que mejor garantiza la imparcialidad, el mérito y la capacidad», incide el texto base en discusión.

Además propone que aquellas autoridades independientes que litigan con frecuencia frente a la administración sean dotadas de un cuerpo propio de letrados y no tengan que recurrir a medios jurídicos externos.

En el ámbito jurídico, PSOE y Más País también piden eliminar los recursos de alzada ante la AGE contra algunos de los acuerdos adoptados por las autoridades independientes, «que deberían agotar siempre la vía administrativa y así poder ser recurridos directamente ante el Poder Judicial».

El texto a debate se centra en siete autoridades independientes: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).EFE

 

Ruth del Moral

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