El viaje a España para aclarar por qué no se han resuelto estos crímenes -muchos de los cuales han prescrito-, que fue aprobado en enero de 2020 y pospuesto varias veces por la pandemia, finalmente se desarrollará esta semana.
El caso llegó inicialmente al Parlamento Europeo en 2017 por la petición de un ciudadano español, Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunció «la incapacidad de España» para llevar a cabo sus obligaciones de investigación de forma efectiva e independiente, juzgar y condenar a los culpables y compensar a las víctimas.
Rodríguez Arias, que ha comparecido varias veces ante esta comisión parlamentaria, trabajó durante cerca de un año y medio en la recopilación de unas 2.000 páginas de documentación relativa a esos asesinatos no resueltos.
La delegación está integrada por varios eurodiputados, cuatro de ellos miembros oficiales de la misión: la popular francesa Agnès Evren, que preside la delegación, el socialdemócrata maltés Alex Agius Saliba, el liberal rumano Vlad Gheorghe y el conservador polaco Kosma Zlotowski.
Los otros cuatro son eurodiputados españoles: Dolors Montserrat (PP), Cristina Maestre (PSOE), Maite Pagazaurtundua (Ciudadanos) y Jorge Buxadé (Vox), que acudirán como acompañantes.
Mañana miércoles los eurodiputados visitarán el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, ubicado en Vitoria, donde se reunirán con su director, Florencio Domínguez.
Al día siguiente, en Madrid, se entrevistarán con Miguel Ángel Rodríguez y con su representante y presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Posteriormente verán al jefe de Información del Ministerio del Interior, Valentín Díaz, el comisario general de Información de la Policía Nacional, Eugenio Pereiro Blanco, y la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior, Montserrat Torija.
Su siguiente reunión será con el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral García, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González-Herrero González; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, y el fiscal de la Audiencia Nacional especializado en terrorismo Marcelo de Azcárraga.
En la tarde del jueves se reunirán con el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero Martínez; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, María Teresa Araluce Letamendía; la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, y varios familiares de víctimas de ETA.
El viernes, antes de concluir este viaje, la delegación se entrevistará con el director de Seguridad y Justicia de la oficina del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez, y el experto en terrorismo Martín Alonso Zarza.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha expresado sin embargo a Efe su malestar por esta visita ya que considera que está generando «falsas expectativas» entre este colectivo.
Parece que vienen a España «a resolver los casos pendientes de esclarecer cuando no es cierto», ya que «no tienen competencias para investigar nada ni potestad para reclamar ningún tipo de información a las instituciones con las que se van a reunir», ha denunciado.
Además, la AVT considera que se traslada la idea de que España y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han cumplido con su trabajo y necesitaran que vengan de fuera a resolver lo que no se ha hecho.
Por tanto considera esta visita «una injerencia» en el funcionamiento de los poderes del Estado y recalca que «un caso sin resolver no necesariamente es un error del sistema o un incumplimiento de la obligación del Estado de investigar los crímenes», ya que las causas «son complejas y diversas». EFE
A.M.