Anabela tenía 19 años cuando dejó Argentina para marcharse a España. El ‘corralito’ estaba a punto de estallar y decidió emigrar sin imaginar que entraba en un campo minado en el que desde el inicio de la crisis todo comenzó a explotar: el empleo, la vivienda, etc. Se instaló en Tarragona, encontró empleo como técnico de emergencias y en 2005 decidió comprar un piso. Pagó su hipoteca cada mes durante diez años incluso cuando perdió el trabajo en 2012. Encadenó empleos temporales para hacer frente a los gastos que comenzaron a acumularse. “Sentí que se derrumbaba mi vida con muy pocos años. En mi cabeza no cabía la posibilidad de que me ocurriera algo así”, recuerda.
100.000 familias perdieron su vivienda durante la crisis
Desde el inicio de la crisis se han producido cerca de 600.000 desalojos hipotecarios en España. Es decir, aproximadamente 85.500 desahucios por año entre 2008 y 2015. Respecto a domicilios principales entre 2012 y junio de 2014 alrededor de 100.000 familias perdieron su vivienda, según un informe elaborado por Amnistía Internacional, apoyado con datos del Banco de España y el Consejo General del Poder Judicial.
Anabela no llegó a perder su vivienda porque hizo “muchos esfuerzos” para hacer frente a su deuda que superaba los 120.000 euros. “Sacrifiqué muchas cosas. Se me escapaba la vida con solo 30 años”, afirma. Decidió negociar la dación en pago con el banco, pero se encontró con un sinfín de impedimentos burocráticos. “Tuve que presentar un montón de documentos y veía que la situación se alargaba”, dice.
Desde Amnistía Internacional denuncian que las medidas impulsadas por el Gobierno para mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su vivienda, como la ley de segunda oportunidad, son insuficientes. La organización sostiene que no respetan la igualdad entre las partes en el proceso judicial y que no han sido aprobadas en consulta con la sociedad civil.
Amnistía Internacional explica en su informe que en España no está garantizada la evaluación de la proporcionalidad en las ejecuciones hipotecarias, puesto que, al centrarse únicamente en la capacidad de pago del deudor no se tiene en cuenta la necesidad de considerar también el derecho de las personas a la vivienda. Una situación que, sumada al desconocimiento legal de muchos de los afectados, deja a los ciudadanos desprotegidos. “Desconocía la ley totalmente”, reconoce Anabela, que decidió acudir a profesionales en deuda financiera para resolver su problema y logró la dación en pago.
Especialistas en deuda financiera
“El 90% de las ejecuciones hipotecarias se producen con rebeldía procesal. Nadie se opone, nadie va a defender sus intereses y es porque no lo saben”. Gonzalo Bellón de Aguilar es el responsable de Creditaria, especializado en deuda financiera que asesora a ciudadanos que se enfrentan a procesos de ejecución hipotecaria. “Consideramos que es absolutamente inadmisible que a personas que no pueden pagar su vivienda habitual, el banco les ejecute y que además se queden con la deuda”, asegura De Aguilar.
Asegura que “todo se puede negociar” para evitar la deuda, el desahucio e incluso la subasta de la vivienda, pero insiste en que es necesario buscar asesoramiento. “Lo que debe saber la gente es que todo es perfectamente negociable. Si no se puede negociar por la vía pacífica, en la vía judicial también se puede discutir”, añade. También cree que hay que modificar la legislación. “Hay que cambiarla ya. Aquí quien legisla es el mismo que ejecuta, no hay separación de poderes y eso es gravísimo”. El coste de los servicios del bufete, según De Aguilar, oscila entre los 900 y los 1.000 euros.
“Pasé una odisea”
Antonio José también consiguió la dación en pago tras acudir a abogados especialistas de Creditaria. Empezó a pagar su hipoteca en 2008 hasta que seis años después no pudo asumir los gastos. “Le plantee mi problema a mi entidad, estuve un par de años intentando conseguir a dación en pago pero me dieron largas. No me facilitaron ninguna solución favorable. Esta que no estás asesorado se ríen de ti”, critica. Tanto Anabela como Antonio José aseguran sentirse ahora “libres”.
A pesar de que existen estos bufetes especializados y movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –ha paralizado 2045 desahucios- que ayudan a las personas en riesgo de perder su vivienda, Amnistía Internacional insiste en que es necesario impulsar medidas de protección puesto que, por el momento, España no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Marina García-Rico