El Gobierno reformará el régimen disciplinario de los jueces tras la decisión del CGPJ en el 'caso Mari Luz'
Tras hacerse público que el Consejo General del Poder Judicial había rechazado suspender a Tirado Bermejo ha dicho: "El Gobierno estudiará la reforma en profundidad del régimen disciplinario de los jueces y llevará al Parlamento una ley para evitar que hechos así puedan volver a repetirse".
Bermejo ha añadido que el Gobierno "no está en absoluto de acuerdo" con la decisión del CGPJ de mantener la multa a Tirado, "que nos parece enormemente escasa" y ha subrayado que está "plenamente de acuerdo" con los vocales que han disentido de la misma.
La reforma del régimen disciplinario de los jueces, que exige "reiteración" en la conducta para considerarla muy grave e imponer una sanción que no sea meramente económica, ha sido reclamada desde diversos sectores, especialmente a raíz de lo acontecido tras el llamado 'caso Mari Luz'.
Así, la secretaria judicial del Juzgado de Tirado, Juana Gálvez, fue castigada con dos años de suspensión de empleo y sueldo por los mismos hechos que se atribuyen al magistrado, ya que el régimen sancionador del colectivo al que pertenece es distinto y, además, la decisión depende del Ministerio de Justicia y no del CGPJ.
"Acomodar la normativa a las circunstancias"
"El problema está en que entre la sanción de la falta grave y la de la muy grave hay un gran salto", reconocía el portavoz del anterior Consejo, Enrique López, tras la primera decisión de este órgano de multarle.
López, que admitió que el 'caso Mari Luz' ponía de manifiesto "la necesidad de llevar a cabo una reforma del régimen disciplinario de los jueces y acomodar los tipos a las circunstancias", dijo que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) debería ser reformada para incluir castigos más elevados para las faltas graves.
El nuevo CGPJ tiene entre sus proyectos estudiar una modificación de la LOPJ para que los expedientes disciplinarios a los jueces caduquen en el plazo de un año y no a los seis meses, como ocurre actualmente, circunstancia que ha llevado al Tribunal Supremo a anular numerosas sanciones impuestas a magistrados.
Falta "muy grave"
Por su parte, la Fiscalía recurrirá ante el TS la decisión adoptada por el CGPJ, que supone la desestimación del recurso que el fiscal, que pidió que Tirado fuera sancionado con la suspensión de empleo y sueldo por tres años, presentó contra el acuerdo adoptado por el anterior Consejo y que ha sido confirmado ahora.
La Fiscalía sostendrá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que la conducta de Tirado debe ser considerada como falta "muy grave" y no sólo "grave", al estimar que se produjo "una desatención continuada en el tiempo" respecto de la ejecutoria de la sentencia y no un simple olvido puntual.
En el recurso que presentó ante el CGPJ, el fiscal afirmaba que Tirado "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba", dice el recurso del fiscal.
Agregaba que "mantener que la responsabilidad derivada del retraso debe mitigarse por el hecho de la inexistencia de la dación de cuenta por parte de la Secretaria del Juzgado, o a la actitud pasiva de otros colaboradores (...) es desenfocar la realidad de a quién debe imputarse la responsabilidad de los hechos".
Así, y tras examinar los hechos, el fiscal concluía que Tirado "no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias y consecuentemente no adoptó medida alguna en más de dos años para poner remedio a dicha situación".
