Gobierno y Senado, ante una deuda pendiente con los ingenieros técnicos
La Real Academia de la Lengua Española define la ingeniería como el conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial, siendo también definida como la actividad profesional del ingeniero.
El Consejo de Ministros, en el año 2014, aprobó el Real Decreto 967/2014 de 21 de noviembre, por el que se determinó la correspondencia de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, suponiendo el que los títulos de Ingeniero Técnico y el de Grado se situasen en el mismo nivel del MECES (nivel 2), ubicando a su vez ambas titulaciones en el nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF), igualándose al resto de ingenieros en el ámbito europeo.
Ahora le toca al Gobierno hacer sus deberes
Solo quedó pendiente esta equivalencia, ya establecida en Europa: que así fuese reconocida para los funcionarios que, como ingenieros técnicos, trabajan en la función pública de la Administración española.
Por fin, 11 años después de este reconocimiento de equivalencia y 16 años de la adaptación de los títulos de ingeniería al plan Bolonia, el Senado español ha aprobado una moción que reconoce al entorno de 500.000 ciudadanos con titulación de ingeniero técnico la posibilidad de ser reclasificados y acceder al nivel A1 de la Administración.
La moción aprobada insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias y las modificaciones normativas pertinentes al objeto de posibilitar la reclasificación de los cuerpos de ingenieros técnicos y arquitectos técnicos en el grupo de clasificación profesional A1 del personal funcionario de carrera.
Ahora toca al Gobierno hacer sus deberes y, en concreto, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, actualizar una situación que discrimina a los ingenieros técnicos españoles con respecto a Europa, basada en leyes del siglo pasado, aprobadas durante un régimen de infausto recuerdo.
