Pobreza laboral en España, cuando tener trabajo no alcanza para salir adelante
En España, miles de personas trabajan sin lograr cubrir las necesidades básicas de sus hogares. La pobreza laboral afecta especialmente a familias con hijos, revelando una realidad que va más allá del desempleo: tener empleo ya no garantiza una vida digna

¿Qué es la pobreza laboral y por qué afecta más a la infancia?
En un país como España, donde las crisis económicas suelen dejar una larga estela de desigualdad, la pobreza laboral se ha consolidado como una de las caras más duras de esa precariedad. Este fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más persistente. Según datos recientes analizados por Save the Children, más del 17% de los hogares con menores a cargo se encuentran en situación de pobreza laboral, a pesar de que al menos un adulto trabaja.
En otras palabras, se trata de familias en las que hay empleo, pero los ingresos no alcanzan para vivir con dignidad. Esto ocurre, por ejemplo, en casos donde un padre trabaja a tiempo completo y aun así no puede costear las necesidades básicas de sus hijos.
Causas estructurales, baja intensidad laboral y salarios insuficientes
El informe señala dos causas principales detrás de esta realidad; por un lado, los bajos salarios, incluso en empleos a jornada completa, y por otro, la baja intensidad laboral. Este último concepto hace referencia a contratos por horas, alta rotación laboral o trabajos estacionales que no permiten acumular los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza.
De hecho, una persona que trabaje menos de 180 días al año tiene escasas probabilidades de generar ingresos suficientes, y solo un 13% de quienes trabajan en esa situación logran superar el umbral de pobreza. Además, el informe destaca que las mujeres asumen la mayor parte de los empleos a tiempo parcial por razones de conciliación, lo que perpetúa una brecha de género persistente.
Los hogares más afectados, familias numerosas y monoparentales
Una de las conclusiones más alarmantes del estudio es que el tipo de hogar marca una gran diferencia. Las familias numerosas presentan una tasa de pobreza laboral del 35,5%, mientras que en los hogares monoparentales la cifra asciende al 31,9%. En estos últimos, generalmente encabezados por mujeres, la doble carga de cuidar y mantener el hogar dificulta la posibilidad de acceder a empleos estables y bien remunerados.
“El problema es que con un solo salario es muy complicado llegar a fin de mes”, afirma una madre entrevistada, que trabaja a jornada completa y tiene dos hijos a su cargo.
Una pobreza que se hereda
La pobreza infantil no es una consecuencia colateral, sino una realidad directamente relacionada con la precariedad laboral de los adultos. Los datos muestran que el 29,2% de los menores en hogares donde los progenitores trabajan viven bajo el umbral de pobreza. Esto significa que casi uno de cada tres niños no tiene garantizado el acceso a bienes y servicios básicos, como alimentación adecuada, educación o vivienda segura.
Además, el estudio revela un fuerte componente territorial: comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o la Región de Murcia lideran las tasas de pobreza laboral e infantil, lo que evidencia desigualdades estructurales en el acceso a oportunidades.
Entre la política laboral y la protección social
Save the Children propone una serie de reformas centradas en mejorar la calidad del empleo, reforzar las políticas de conciliación y ampliar las prestaciones económicas, como el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), una herramienta clave para muchas familias que no logra alcanzar a todos los beneficiarios potenciales.
El informe también subraya la necesidad de ampliar la educación de 0 a 3 años, reformar los permisos parentales y asegurar una cobertura pública de cuidados que permita a ambos progenitores participar plenamente en el mercado laboral.
La pobreza laboral además de ser un problema económico, es un desafío social que afecta al bienestar de miles de familias y al futuro de una generación entera. Tener un empleo ya no es suficiente para garantizar una vida digna, y es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto implementar medidas estructurales que aseguren que el trabajo no sea sinónimo de precariedad.