sábado, diciembre 10, 2022

Comienza el juicio del caso Cursach en Palma

El conocido empresario del ocio nocturno en la isla, que da nombre al proceso judicial, se sentará en el banquillo después de nueve años de enrevesada instrucción.

La vista, programada para durar nueve meses, enjuiciará el mayor entramado de corrupción policial de Mallorca entre Cursach y varios policías locales que supuestamente habrían beneficiado sus negocios a cambio de trato de favor.

A pocos días del comienzo del juicio la Fiscalía rebajó su petición de pena de prisión para Cursach de 8,5 a 1,5 años y a 15 años de inhabilitación para toda actividad relacionada con la hostelería y el ocio, por un delito de pertenencia a grupo criminal, así como 10 años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada.

Cursach, a quien también se le atribuyen los delitos de coacciones y cohecho, si bien no se reclama cárcel por ellos, será juzgado tras un largo recorrido judicial marcado por el procesamiento por revelación de secretos del exfiscal Miguel Ángel Subirán y el ex juez instructor del caso Manuel Penalva, ambos jubilados por incapacidad en 2020 y 2021, respectivamente.

Después de que Penalva y Subirán fueran apartados del caso y que los nuevos fiscales, Juan Carrau y Tomás Herranz, retiraran acusaciones y descartaran la gran mayoría de los presuntos delitos contra Cursach por falta de pruebas o inconsistencia de algunos de los testigos, se sentarán en el banquillo de los acusados 16 de los 24 imputados inicialmente.

La sección primera de la Audiencia juzgará los presuntos delitos de grupo criminal, prevaricación, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, contra la salud pública, abuso de la función pública, coacciones, revelación de secretos, usurpación de la funciones públicas y amenazas.

La Fiscalía circunscribe su acusación al ámbito de la Policía Local de Palma y a las actuaciones presuntamente corruptas del empresario y su «mano derecha», Bartolomé Sbert, para quien la acusación pública pide 3,5 años de cárcel.

La mayor petición de pena, de ocho años de prisión, es contra un policía local de la unidad encargada de inspeccionar los locales de ocio nocturno, a quien se le atribuyen los delitos de cohecho continuado, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos. EFE

 

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