miércoles, mayo 1, 2024
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Historias de mi vida liberal: el estatut de Catalunya, los prolegómenos, la amnistía y el referéndum, la rebelión de 2017 de Puigdemont y la investidura de Pedro Sánchez en 2023

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Bernardo Rabassa
Bernardo Rabassa
Librepensador. Maestro Nacional. Licenciado y Doctor en Filosofía y Letras y Diplomado en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid.

Mañana, domingo 8 de octubre tendrá lugar una enorme manifestación en Barcelona en contra de la Amnistía y del Referéndum del candidato a presidente Pedro Sánchez

Si en 2009, la “Dignidad” de Catalunya  en su Estatut dependía de que una editorial comunitaria de doce periódicos en Catalunya, dijeran lo mismo (pensamiento unitario) aviados andábamos, se tratara de lo que se tratara, púes era de esperar que hubiera 12 sensibilidades distintas.  Si encima  se trataba del  “ESTATUT” un farragoso texto que llevaba tres largos años en el Tribunal Constitucional, sin  que los Magistrados se pusieran de acuerdo para declarar si eran 40 los artículos inconstitucionales o lo eera todo o solo algunos fue esperpéntica la situación si no fuera tan dramática. Y de lo que no cabe ninguna duda es de que ya no es solo que intentaban presionar al Alto Tribunal, sino que trataban, una vez mas de crear una nueva motivación de “victimismo, tan característica de la política catalana oficial.

En primer lugar y a este respecto diré que dos de los padres de La Constitución Española de 1978, contra la que yo vote  por no ser liberal fueron dos catalanes: Jordi Solé Tura y Miguel Roca Junyent y por tanto ellos sancionaron 1º La Ley de Partidos Políticos que ha creado la Partitocracia en la que vivimos y que también domina en Catalunya, la Ley electoral que redujo  a un  35,78%  el apoyo de los ciudadanos de Catalunya al Proyecto de Nou Estatut..

 Creó las Autonomías, diferenciando  claramente (artículos 1 y 2) entre La Nación, se  supone que España de las Nacionalidades que tendrían derecho a usar  dos lenguas con la obligación de conocer el castellano (art.3.1), excluyendo  la obligatoriedad de la otra, precepto  claramente violado de facto en la señalización general de comercios, calles  etc. especialmente en la redacción del Nou Estatut, recordando las palabras de mi amigo liberal catalán Ramón Trías Fargas en una enmienda que realizó sobre el necesario uso del castellano, ya  que de no hacerlo ” seria  clara la discriminación y seria romper el principio de libertad de comunicación y establecimiento de todos los españoles, incluso  los funcionarios” Diario de Sesiones nº 104, 5/7/78, pág. 3856  .Texto que me ha sido recordado por el comunicado del  Foro de Ermua de 26.11.09 sobre el tema . 

Además en el seno de la Fundación que lleva su nombre,  aprovecharon los llamados “Llibergents”  de CYU que para mas INRI habían obtenido en 2009 de la Internacional Europea Liberal, el  respaldo que supuso nombrar a uno de ellos Vicepresidente de ELDR (European Liberal &Democrats), antes cocinado en  la Internacional Liberal por Carles Gasoliba; Diputado europeo de CYU que aprovecho la desaparición del CDS, para meter ¡asómbrense! a Unión Mallorquina de la princesita luego imputada y condenada por diversos delitos Mª Antonia Munar ,en tanto todavía esta por ver la imputación del Lider de CYU Artur Mas, acusado  por el propio Maragall de cobrar el 3% de Las Obras públicas en la sede del Parlamento autonómico. Es el colmo: ¡el Nacionalismo tribal representante del Liberalismo en España!. Con ellos el editorial ha tenido el apoyo de todos los partidos “catalanistas” salvo el PP y Ciutadans, incluyendo el PSC,Esquerra,Iniciativa-els Verds y lo que se llama allí un alud de movilizaciones cívicas, Curiosamente casi todas las citadas, dependientes  del Presupuesto del Govern  Catalán (que por cierto significa etimológicamente castellano) a la vez que sistemáticamente ,se entiende allí que todo el que pide respeto al Tribunal Constitucional por la inaceptable presión mediática y la movilización teóricamente popular es un enemigo de Catalunya.

El que esto suscribe es por razones de Lengua, estudios en la Universidad Central de Barcelona y viajes semanales durante 30 años en el Puente Aéreo, afín a la sensibilidad catalana y no pretendo con este artículo, herir esa susceptibilidad, pero  si denunciar el fraude que se ha estado  cometiendo en su nombre hasta 2023.

Lo que no es posible es aceptar que si el fallo del Tribunal Constitucional era favorable al Estatut, entonces vale y si no, no vale,o lo uno o lo otro. Ellos se lo han buscado pues han sido los partidos, incluidos los catalanes por razón de quienes lo han politizado, metiendo mano a los nombramientos una vez tras otra.  ! Reformemos primero la Constitución de 1978! y el Estatut, puede o no ser posible, pero hoy por hoy,no les pueden pedir a los magistrados que voten contra su conciencia, como  le sucedió a García Pelayo con su voto de calidad en la sentencia de Rumasa de 1983,de la que todavía debe andar arrepintiéndose en el mas allá.

El Estatuto de Catalunya no fue el Estatuto de Catalunya. Fue el Estatuto del PP para Catalunya, el Estatuto que el PP a través del Tribunal Constitucional consiguió imponerle a Catalunya contra la manifestación de voluntad expresamente formulada por el Parlament de Catalunya y pactada con las Cortes Generales y contra la manifestación de voluntad del cuerpo electoral de Catalunya expresada en referéndum.

No hay ninguna otra “nacionalidad” o “región” de las que integran España a la que le haya ocurrido esto. Únicamente Catalunya se ha visto sometida a esta humillación. La única que ejerce el derecho a la autonomía con base no en una norma aprobada por sus representantes democráticamente elegidos, pactada con los representantes de todos los ciudadanos del Estado y ratificada en referéndum, sino con una norma impuesta por el Tribunal Constitucional a instancia del PP.De estos polvos estos lodos

Volviendo al comunicado del Foro de Ermua sobre el tema, que entiendo define perfectamente la cuestión y del que reproduzco sus principales argumentos resumiéndolos: La dignidad de Catalunya en peligro

              El editorial resulta tan burdo que funciona a modo de boomerang contra quienes lo suscriben; es el mejor ejemplo de cómo la constitucionalidad del Estatut es indefendible con argumentos jurídicos y sólo mediante la coacción y la presión política tiene posibilidades de superar el filtro del Constitucional.

Ampuloso y frívolo al considerar que es nada menos que la dignidad de Cataluña la que estaba en juego con la Sentencia del nou Estatut, el editorial no explica cómo es posible que sólo un 35,78 % de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto apoyara un texto en el que, según su propia hipérbole, radica su dignidad. 

En todo caso en poco valora su dignidad quien la hace depender de una resolución sobre la inadecuación a la Constitución de su Estatuto autonómico en lugar de hacerla residir en el nivel de libertad de sus ciudadanos, en su solidaridad, en su capacidad para aportar al bien común o en la justicia de sus actos.

El editorial demuestra desconocimiento o mala fe y ánimo de desinformar cuando denuncia que el Tribunal Constitucional se había convertido en una cuarta Cámara.  

Pretenderlo por el mero hecho de que una Ley haya sido aprobada por el Parlamento español y el catalán y refrendada por los ciudadanos catalanes es propio del populismo más antidemocrático: cuando el derecho no ampara, se viola la legalidad mediante la demagógica apelación al “pueblo”.

 Lo que está pidiendo el editorial es que nos olvidemos de lo que dice la Constitución y que se dé el visto bueno al texto por motivos políticos. No argumenta de manera alguna sobre la hipotética constitucionalidad del nou Estatut, limitándose a anunciar grandes males si se declara inconstitucional y a calificar de irreductibles a los magistrados que no se muestran propicios a sus intereses. Desde el FORO ERMUA consideramos francamente positivo mostrarse irreductible si de lo que se trata es de oponerse a una mutación constitucional a través de la aprobación de un Estatuto. Y esta irreductibilidad sería positiva tanto porque supone una defensa de la Constitución y, por tanto, del Estado de Derecho, como porque en este caso beneficia a los ciudadanos al mantener espacios comunes con mayores oportunidades, más derechos, más igualdad y más libertad.

El dilema, como dice el editorial, se plantea entre avance o retroceso, poniéndose en juego la propia dinámica constitucional y el marco de convivencia que los españoles nos dimos. 

Sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución si se aceptara romper la unidad del poder judicial español que queda establecida sin duda alguna (arts. 117.5, 122, 123, 125 y 149.1 5ª) en la Constitución, sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar la obligatoriedad del catalán cuando la Constitución establece únicamente la obligación de conocer el castellano (Art. 3.1),), también sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar levantar difusas barreras entre los españoles, romper la unidad de los cuerpos de notarios, jueces, secretarios judiciales, registradores, etc., restringir la competencia del Parlamento para la realización del presupuesto, aceptara terminar con la igualdad en los derechos básicos de los españoles, romper los mercados laborales, o que las relaciones entre España y Cataluña se sometan al principio de bilateralidad, olvidando así la pluralidad de España que está compuesta por diecisiete autonomías y reduciendo el papel del Estado central al de mero coordinador entre diecisiete miniestados. Esos son los riesgos reales de retroceso y ruptura del marco de convivencia al que nos enfrentamos.

Tampoco estatutario sin acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales que representan a más del 80% de los españoles, con el rechazo expreso del 44,64% del Parlamento nacional y con un fuerte rechazo popular tanto en Cataluña como en el resto de España.

Por mucho que lo exija una docena de periódicos cuya independencia han sacrificado a favor del poder político, el Estado de Derecho no debe someterse a los intereses de unos pocos. No se trata de mirar airadamente a la identidad catalana como pretende el editorial. No hay nada más fácil que inventarse un enemigo para no tener que debatir con el adversario real y nada más fácil para ocultar los intereses propios que identificarlos con el de todos los ciudadanos. 

La oposición al Estatuto de Cataluña de 2006 no tiene nada que ver con la animadversión hacia Cataluña ni hacia el catalán. De lo que se trata es de oponerse a discursos propios de los reaccionarios antidemocráticos del siglo XIX y a la reducción de derechos de los ciudadanos. 

El Tribunal Constitucional tiene la obligación de dictar ya una Sentencia fundada en derecho y que proteja el espíritu y la letra de la Constitución. Seguir retrasando la Sentencia sólo conllevará un mayor desprestigio del Tribunal, un aumento de las presiones y un incremento de las dificultades para revertir la normativa dictada al amparo de una norma inconstitucional”.

El derecho a la autonomía “reconocido” en la Constitución, no creado por la Constitución, exige que el punto de partida del mismo, el Estatuto de Autonomía, sea el resultado de un pacto entre el Parlamento de la “nacionalidad” y las Cortes Generales y de la ratificación en referéndum de dicho pacto por los destinatarios del mismo, esto es, por los ciudadanos de la nacionalidad afectada.

La condición sine qua non que la Constitución exige para que el derecho de autonomía sea reconocible, está ausente en Catalunya desde la publicación de la STC 31/2010. En Catalunya se está ejerciendo el derecho a la autonomía de una manera mutilada. No como querían ejercerlo los ciudadanos y sus  representantes democráticamente elegidos, sino como se le ha impuesto desde fuera.

Es esta humillación la que explica el 1-O. Sin la STC 31/2010, no habría habido 1-O.

Y es la quiebra de la Constitución Territorial que produjo dicha sentencia la que explica la magnitud del problema. La Constitución Territorial de Catalunya era el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y el referéndum acerca de dicho pacto alcanzado en 2006. No los artículos del Título VIII CE y del Estatuto, que no los lee nadie, sino el pacto y el referéndum que los entiende todo el mundo. La sentencia del Tribunal Constitucional desautoriza el pacto y desconoce el resultado del referéndum. Ni pacto ni referéndum, sino lo que yo decido.

Esta es la razón por la que he escrito que la STC 31/2010, formalmente fue una sentencia, pero materialmente fue un golpe de Estado. Y un golpe de Estado protagonizado por un Tribunal Constitucional triunfa siempre. No puede fracasar, como puede hacerlo cuando el protagonista es un teniente coronel de la Guardia Civil. Al elegir al Tribunal Constitucional como instrumento para dar el golpe, Mariano Rajoy sabía lo que hacía.

El golpe surtió el efecto deseado. En 2011 el PP ganó abrumadoramente en mayo las elecciones municipales y autonómicas y en noviembre las elecciones generales. Los dos partidos que había pactado la reforma del Estatuto de Autonomía quedarían desarbolados. CiU ni siquiera existe ya como partido y el PSOE se encuentra enormemente debilitado como consecuencia de la interiorización del conflicto territorial.

Con esta quiebra del nacionalismo autonomista y debilitamiento del partido socialista, se ha roto el equilibrio del sistema político nacido en 1978, en el que Catalunya jugaba un papel esencial. El nacionalismo autonomista catalán, también el vasco, pero en mucha menor medida, era el árbitro entre los conflictos entre los dos grandes partidos de gobierno de España, UCD y PP, por un lado, PSOE por otro. Desde las elecciones de 15 de junio de 1977, cada vez que el cuerpo electoral no  daba la mayoría absoluta a uno de los dos partidos, la gobernabilidad del Estado dependía de la contribución de los nacionalismos y, básicamente del nacionalismo catalán. Garantizar la participación de Catalunya en la dirección política de España fue uno de los mayores éxitos de la Constitución de 1978. Aquí está gran parte del secreto del éxito de la Constitución. La STC 31/2010 puso fin a dicha participación. Desde entonces Catalunya está como está y los demás estamos como estamos.

La situación resulta ya insostenible”.  como le escuché a Inma Castilla de Cortazar Presidenta del Foro de Ermua y a Santiago Abascal de DENAE, después presidente de Vox , es la Sociedad Civil la que debe de impulsar a los partidos  a volver a la Razón de Estado o como decia Esperanza Aguirre: Zapatero es el que nos ha metido en ese lío al mentirles a los catalanes cuando les dijo que aprobaría el Estatut que le presentaran ,fuera el que fuera. Tengo contabilizadas más de 200 mentiras suyas que circulan por Internet y que le han llevado al mayor grado de desconfianza, jamás alcanzado por un Presidente del Gobierno, el  72,3% en la Encuesta del CIS ,González en plena crisis del Gal. llegó al 65,6 y Aznar  después de lo de Irak al 60,8.

He recibido también como comentario a mis artículos” incendiarios” contra la Partitocracia y la gravísima Crisis Política, Institucional y Política, de un destacado economista y notario, qué  me ha autorizado a publicar guardando el anonimato la siguiente declaración: “Estamos al borde de una crisis institucional que no se como acabara. Esto es solo el principio. Es asombroso que las gentes sensatas del PSOE (que debe haber) no se rebelen contra la política disparatada de los actuales gobernantes. Es curioso que haya sido Alfonso Guerra el único que se haya permitido alguna ligera critica antes y ahora. Son capaces de vender el país por el plato de lentejas del poder. La sociedad civil esta inerme como tal, fagocitada por las fuerzas políticas. Por tanto, parece imprevisible una rebelión civil.
A corto plazo. Su misión tiene que ser cambiar el estado de opinión actuando sobre los ciudadanos y sobre los propios políticos la propia evolución de la crisis le dará argumentos en esa labor al dejar cada vez mas patente los cambios traumáticos a que puede conducir. Ya surgen algunas voces aisladas como la conferencia que citas (de Inma Castilla de Cortazar) y algunos artículos, pero son insuficientes mientras no alcancen los grandes centros de difusión y de poder. Las fuerzas centrifugas llevan por ahora la voz cantante. Como el avance de las mismas continúe puede llegar un momento en que la propia sociedad civil admita una nueva situación. La sentencia del Tribunal Constitucional puede constituir un elemento de inflexión o de continuidad de la marcha hacia la desintegración. El editorial común puede que haya conducido a que les salga el tiro por la culata. Porque se ha observado justamente lo que echamos en falta; una amplia reacción de los grandes medios de difusión. Sin embargo, no es total, ni sabemos cuanto durara.

La crisis institucional es mucho mas grave que la económica, con ser esta grave y, además influye fuertemente en ella, mientras no se resuelva podremos lograr recuperaciones coyunturales, pero será prácticamente imposible lograr una plena racionalidad en la configuración y el funcionamiento de las estructuras económicas.”.

Y no digo mas, por hoy, pero a buen entendedor sobran palabras. LA DIGNIDAD DE ESPAÑA TAMBIEN ESTABA EN JUEGO.

Después vino la catástrofe, el 1 de octubre de 2017, Puigdemont culminó «con un referéndum de independencia ilegal y una declaración unilateral de independencia en el Parlament el 27 de octubre del mismo mes». Han pasado los años para el prófugo y de repente se encuentra en la favorable situación de que sus votos de Junts per Catalunya, son decisivos para la nueva Investidura de Pedro Sánchez. La historia del conflicto de la Autonomía catalana con el Estado Español tiene difícil solución. No aceptan al PSC de Illa como negociador, cuando el conflicto debe resolverse sobre el terreno, veremos cómo influye el resultado de la manifestación y como queda la posición de los independentistas contra el resto de los catalanes.

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