No hace falta tener una bola de cristal para adelantarse a lo que Mariano Rajoy dirá en el que con toda seguridad será su último debate sobre el estado de la nación: la crisis es cosa del pasado, España va bien, tan bien que en los próximos Presupuestos voy a bajar impuestos y subir salarios y pensiones porque, si seguimos por la senda trazada, España irá mejor, mucho mejor. Porque el nuevo milagro soy yo.
Lástima que al relato le falle un pequeño detalle: el contraste con la realidad.
Concedámosle al presidente que, en efecto, el PIB crece, con síntomas preocupantes como la evolución negativa de las exportaciones, anterior símbolo de las bondades de la política económica del Gobierno ahora convenientemente orillado, pero crece.
Hasta ahí las buenas noticias. Porque el cuadro clínico de este Gobierno arroja un empeoramiento generalizado en todos los indicadores cruciales para el bienestar del cuerpo social. Esto es, la medicina aplicada por Partido Popular no ha servido para fortalecer al paciente: al contrario, lo ha debilitado hasta extremos difícilmente imaginables incluso para quienes denunciamos la agenda oculta con que Mariano Rajoy y su partido accedían a La Moncloa.
Por desgracia, el Partido Popular ha convertido esta legislatura en un ajuste de cuentas con el modelo social desarrollado a lo largo de nuestra democracia, un modelo que, con aciertos y errores, había contribuido a generar el mayor período de progreso y bienestar de nuestra historia y a propiciar el surgimiento de una clase media trabajadora hoy en verdadera crisis de supervivencia.
A lo largo de esta legislatura, España ha enfilado un camino de desigualdad, que es el factor más corrosivo no sólo para la competitividad económica, sino también para la cohesión social y territorial, al erosionar los cimientos sobre los que se asienta la convivencia.
En este tiempo, el Gobierno ha sido letal para el empleo. No sólo sufrimos una tasa de paro más alta que a su llegada, sino que se han destruido 600.000 empleos y alcanzan los 2 millones los parados carentes de cualquier prestación. La reforma laboral sólo ha logrado laminar la capacidad de negociación de los trabajadores, lo que se ha traducido en un recorte salarial medio cercano al 11% -en media, porque los nuevos contratos se realizan con salarios un 39% inferiores al salario medio según ha constatado el INE- y un crecimiento disparado de la precariedad a base de contratos temporales y temporales a tiempo parcial. Precariedad sobre precariedad que explica que en nuestro país ni la consecución de un trabajo permita ya salir de la pobreza.
Y lo ha sido para el bienestar social. En este tiempo, se ha sustituido el sistema sanitario público y universal por un sistema de aseguramiento que excluye a una parte de la población y que obliga a toda la sociedad a pagar más por una atención de peor calidad, de lo que dan cuenta los 22.5000 profesionales menos al servicio de la sanidad pública o el crecimiento disparado de las listas de espera. En cuanto a la dependencia, el Gobierno ha decretado su muerte lenta como lo prueba que el sistema esté atendiendo a menos personas que hace tres años.
Pero es quizás el sistema educativo público, clave para facilitar la movilidad social, el que ha sufrido el mayor ataque. Los datos hablan por sí solos: 18.000 maestros menos; 680.000 alumnos sin ayudas y 16.000 universitarios sin becas. Que el presupuesto educativo haya bajado lo mismo que han subido las tasas universitarias, un 20%, es el símbolo de la máxima que rige a este Gobierno: la educación, para quien pueda pagársela, algo todavía más evidente con la reforma de los grados hacia el sistema 3+2, una suma que no hace más que restar posibilidades de futuro para los hijos de familias con menos recursos, la inmensa mayoría debido al proceso de empobrecimiento al que ha sometido el PP al país.
Por no dejar, ni a los pensionistas ha dejado tranquilos, mediante una reforma de sus pensiones que, tras eufemismos como desindexación no esconde otra cosa que un recorte estructural a corto, medio y largo plazo, mientras deja exangüe el fondo de reserva de las pensiones, al que ha mermado casi en un 40%. Sin pan para hoy y mucha hambre para mañana.
Todo ello apuntala una sociedad en la que la desigualdad campa a sus anchas, como ha certificado recientemente la Organización Internacional del Trabajo, que ha situado a España a la cabeza mundial del crecimiento de este indicador y como evidencia el terrible drama de la pobreza infantil, que afecta al 34% de los niños y niñas españoles.
Una lacra que corroe la cohesión social, al profundizar la brecha que separa a la minoría privilegiada que ha visto crecer su patrimonio en plena crisis, frente a una mayoría que ha pagado con desempleo y recortes sociales los platos rotos de una crisis que no termina y que enfrenta crecientes dificultades para acceder a unos servicios públicos depauperados y a la que no se ofrece más perspectiva vital que la precariedad o la emigración.
Es probable que en este contexto, Rajoy hasta se atreva a vender el milagro de la recuperación. Pero el país seguirá en el purgatorio de la desigualdad.
José Blanco