Una y otra vez Batasuna cuenta con aliados para su absolución, que le sitúan en el centro de una operación que pretende la paz vasca mientras reprenden a quienes se resisten a creerlo. Su prestigio no alcanza solo a líderes nacionalistas que vuelven sobre su discurso sino a otras corrientes de la izquierda que insisten en la máxima de que “esta vez sí”, y van muchas, es la buena. Para la mayoría de éstos, quienes se cierran a aceptar las “buenas nuevas” están en contra de cualquier iniciativa para el final de ETA. Así se afirma.
Los axiomas sobre los que se asienta el recurrente mensaje son los siguientes.
1.- Que el “final dialogado” del terrorismo ya estaba contemplado en el Pacto de Ajuriaenea; aquél que durante una década, desde finales de los ochenta, agrupó a todas las formaciones democráticas contra el terrorismo y aisló a su brazo político (entonces sí, legal). El pacto de Ajuriaenea quedó enterrado antes del acuerdo de Lizarra entre los partidos nacionalistas y la banda terrorista en 1998. Quedaban excluidos los partidos no nacionalistas.
2.- Que ante la fehaciente prueba del debate interno de la izquierda abertzale, que ha dado a luz a un nuevo partido que rechaza la violencia –ETA incluida- no es “necesario” reclamarle su condena de la historia de ETA, “como tampoco es necesario pedir la condena del golpe del 36 para convivir en democracia” (Ardanza dixit)
3.- Que es urgente trabajar en la reconciliación, como lo fue en la transición política a la democracia, aunque las armas no se hayan depuesto, definitivamente.
4.- Que es comprensible el rechazo de las víctimas a la relegalización del brazo político de ETA, pero no les corresponde a ellas dictar la política ni las leyes.
Es tal el giro del sentido y el convencimiento hacia el nuevo escenario, que aquél que vertió la más dura acusación de complicidad a Herri Batasuna tras el asesinato de Miguel Angel Blanco, el lehendakari José Antonio Ardanza, acusa al Gobierno de “cobardía” por “pasar la patata caliente de Sortu a los tribunales de justicia”. Descartado que emplace al ejecutivo a suspender a Sortu por continuidad con Batasuna, el reproche se orienta a que no haya permitido (o dado argumentos) para su legalización.
Así, se invierte la carga de la prueba del terrorismo hacia quienes cuestionan un nuevo “proceso” de negociación o diálogo, esta vez revestido de legalización de su brazo político. Se alude “al PP”, a las víctimas y a los medios contrarios a tal fin.
Pero también hay matices entre quienes se muestran expectantes. El lehendakari López proclama (y no es poco) un “¡Ojalá!” sean legalizados, porque ello demostraría en su opinión que los tribunales ratifican que los sucesores de Batasuna están en el camino de la democracia.
Nadie quiere acordarse de 2006. De una negociación que quedó enterrada en los escombros de la T-4 y que debilitó hasta el extremo el pacto antiterrorista entre los dos principales partidos.
¿A qué viene la insistencia? ¿Dónde se vislumbra el final? ¿En los nuevos estatutos de Sortu? ¿A qué tanta confusión? ¿Qué es lo que hay que cambiar para que en democracia nadie pretenda asesinar para imponer su proyecto?
Y, sobre todo,
¿Puede hacerse un reproche ético a quienes, de entrada, no crean en las buenas intenciones?
Chelo Aparicio